35 horas de esclavitud moderna: el robo sistemático a los docentes de Telesecundaria en Chihuahua

Por: Profr. Gerardo Castillo Terrazas

En el estado de Chihuahua existe una violación estructural, calculada y sistemática de los derechos laborales más elementales que avergüenza a cualquier democracia que se precie de tal. Los docentes de telesecundaria —esos profesionales que sostienen la educación en las zonas más apartadas y vulnerables del país— son víctimas de un despojo salarial que ya dura años, perpetrado por el propio Estado mexicano con la complicidad silenciosa de sus autoridades educativas federales y estatales.

La aritmética es brutal en su simplicidad: estos maestros imparten 35 módulos semanales —siete módulos diarios de trabajo efectivo en el aula— pero solo reciben el pago correspondiente a 30. La diferencia no es un error administrativo ni un desajuste técnico: es robo descarado, es explotación institucionalizada, es la demostración cínica de que en México la Constitución Política sirve más como adorno de papel que como garantía de justicia social.

EL PRECEDENTE: UNA REFORMA QUE EMPOBRECIÓ

La tragedia se agudizó con la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013. Esta normativa, vendida como instrumento de «calidad educativa», se convirtió en realidad en un mecanismo de precarización laboral sin precedentes. Desde su implementación, el acceso a incentivos, estímulos y el esquema de prestaciones que antes complementaba el salario de los docentes fue sistemáticamente desmantelado.

La Ley del Servicio Profesional Docente no solo modificó las reglas de ingreso y permanencia: arrasó con la Carrera Magisterial, eliminó progresiones salariales consolidadas y dejó a miles de profesores —especialmente a los de telesecundaria— con un sueldo base inicial congelado, insuficiente para cubrir necesidades básicas, y completamente desprotegidos ante la inflación y el encarecimiento de la vida.

LA CUENTA DEL SAQUEO: $2,804.65 PESOS DE ROBO QUINCENAL

En el caso específico de los docentes de telesecundaria en Chihuahua, la violación adquiere dimensiones delictivas. Durante 2024, estos trabajadores recibieron $2,804.65 pesos menos por quincena respecto a lo que por ley deberían percibir. Este monto no incluye el cálculo de aguinaldos y primas vacacionales defraudadas, que elevarían la cifra del despojo a cifras aún más escandalosas.

Hagamos números simples: $2,804.65 pesos quincenales significan $5,609.30 pesos mensuales desaparecidos del bolsillo de cada docente. En un año, el robo asciende a $67,311.60 pesos por trabajador. Multipliquemos esto por los cientos de docentes de telesecundaria en la entidad y obtendremos el monto millonario que el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Educación Pública federal se han apropiado ilegalmente de los salarios de quienes educan a los niños y jóvenes de las comunidades más marginadas.

DE LA EVALUACIÓN PUNITIVA A LA USICAMM: CAMBIAR EL NOMBRE, MANTENER EL ABUSO

Con la entrada en vigor de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) —creada en el marco de la llamada «Reforma Educativa» de 2019— las cosas no mejoraron. Esta entidad, que opera como órgano administrativo desconcentrado de la SEP, mantuvo la lógica de control y sanción sobre los docentes, aunque eliminó la posibilidad de despido inmediato por no aprobar exámenes estandarizados descontextualizados.

Pero no nos engañemos: la USICAMM no representó una verdadera mejora para los derechos laborales. Solo sustituyó la espada de Damocles del despido arbitrario por un sistema de evaluaciones igualmente opresivas, manteniendo intacta la estructura de explotación salarial. Los exámenes siguen siendo instrumentos alejados de la realidad cotidiana del aula, diseñados desde escritorios burocráticos en la Ciudad de México por funcionarios que nunca han pisado una telesecundaria en la sierra tarahumara o en los municipios de alta marginación de Chihuahua.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES: EL ESTADO VIOLA SU PROPIA CARTA MAGNA

La violación es doblemente grave porque contradice explícitamente la norma suprema del país. El artículo 123, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad meridiana: «A trabajo igual corresponde salario igual, sin tener en cuenta el sexo ni la nacionalidad».

Pero más allá de la igualdad formal, el principio constitucional fundamental aquí violado es el de proporcionalidad entre trabajo y salario. La Constitución no habla de «horas pagadas» versus «horas trabajadas»: habla de trabajo realizado y su remuneración correspondiente. Cuando un docente de telesecundaria labora 35 horas semanales pero solo se le reconocen 30, el Estado está cometiendo una violación directa al derecho humano al trabajo digno consagrado en el artículo 123 constitucional y en el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México.
Además, el artículo 3º constitucional, en su fracción III, establece que la educación impartida por el Estado debe ser «democrática» y basada en el «desarrollo integral de las facultades humanas». Es una burla cínica hablar de educación democrática cuando quienes la imparten son víctimas de una relación laboral autoritaria y explotadora.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 82, define al salario como «la retribución que el patrón debe pagar al trabajador por el trabajo ejecutado». La palabra clave es «ejecutado»: no «registrado», no «oficializado», sino ejecutado. Las cinco horas semanales no pagadas a los docentes de telesecundaria son trabajo ejecutado y, por tanto, salario adeudado.

LA IMPUNIDAD INSTITUCIONALIZADA

¿Dónde están las autoridades responsables de hacer cumplir la ley? ¿Dónde está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal? ¿Dónde la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo? ¿Dónde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua?

El silencio es cómplice. Las autoridades educativas —tanto federales como estatales— han construido un muro de impunidad alrededor de este robo salarial. Cuando los docentes se manifiestan —como ocurrió en junio de 2023 frente a la Secretaría de Educación y Deporte en Chihuahua— son recibidos con promesas vacías, mesas de trabajo estériles y la eterna promesa de que «se está trabajando en ello».

HAN PASADO AÑOS. EL «ELLO» NUNCA SE RESUELVE

La creación de la plataforma Change.org con la petición «35 horas a maestros de telesecundaria en Chihuahua» evidencia que la lucha viene de largo data. Pero las firmas digitales no pagan las deudas salariales: se requiere voluntad política, y esa voluntad brilla por su ausencia en los despachos de gobierno.

LA TELESECUNDARIA: EL ROSTRO OLVIDADO DE LA EDUCACIÓN MEXICANA

No podemos ignorar el contexto específico de la telesecundaria. Estas escuelas atienden a poblaciones rurales, indígenas y de alta marginación. Los docentes que laboran en ellas no solo imparten matemáticas o ciencias: son multiplicadores sociales, consejeros, mediadores comunitarios, técnicos en equipos de cómputo y satélites, y muchas veces los únicos representantes del Estado en territorios abandonados.

Exigirles 35 horas de trabajo pero pagarles solo 30 es un mensaje claro del gobierno: su labor no vale, sus comunidades no importan, sus derechos son negociables.

La telesecundaria fue concebida como política de equidad educativa. Pero ¿de qué sirve la equidad en el acceso a la escuela si quienes la hacen posible son víctimas de inequidad laboral extrema?

Exigencia de justicia: no más medias tintas

No se trata de un problema administrativo complejo que requiera años de análisis. Se trata de justicia laboral elemental:

Regularización inmediata de las plazas para reflejar la carga horaria real de 35 horas semanales.

Restitución de los incentivos y prestaciones eliminados arbitrariamente desde 2013.

Investigación de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales de quienes han permitido este despojo sistemático.

El gobierno federal y el estatal de Chihuahua deben dejar de esconderse detrás de la burocracia. La USICAMM debe dejar de ser un instrumento de control para convertirse en una verdadera defensora de los derechos de las maestras y los maestros. Y las autoridades educativas deben asumir que no puede haber educación de calidad sin docentes dignamente remunerados.

CONCLUSIÓN: LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA

Mientras los funcionarios de la SEP y del Gobierno de Chihuahua cobran sus quincenas completas, sus aguinaldos integrales y sus primas vacacionales sin contratiempos, los docentes de telesecundaria siguen financiando con su trabajo no remunerado la supuesta «austeridad republicana» o la «eficiencia administrativa».

Pero no hay eufemismo que oculte la realidad: se les está robando. Se les roba el tiempo, se les roba el dinero, se les roba la dignidad.

La Constitución no es un catálogo de buenas intenciones: es la ley suprema obligatoria para todos los poderes públicos. Cada quincena que pasa sin que se paguen estas horas es una violación más a la Carta Magna. Cada año que transcurre es una acumulación de deuda histórica que el Estado tendrá que pagar, tarde o temprano, con intereses morales y sociales incalculables.
Los docentes de telesecundaria de Chihuahua no piden caridad: exigen justicia. Y la sociedad mexicana debe escuchar su voz antes de que el silencio de sus aulas —producto del agotamiento, la deserción o la muerte laboral— se convierta en la sentencia definitiva de una política educativa fallida y criminal.

Que se pague lo que se debe. Que se respete la Constitución. Que se dignifique a quienes dignifican a México con su labor. “Hasta que la dignidad se haga costumbre”