Ante lo que calificaron como declaraciones contradictorias desde la Fiscalía General del Estado de Chihuahua respecto al manejo de bienes asegurados, abogados de grupos de víctimas del fraude de ARAS Business Group, acompañados del liquidador de la empresa, acudieron este viernes a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua para presentar una denuncia y solicitar que se investigue a fondo.
Mariano Cordero, abogado de un grupo de afectados, explicó que la querella va dirigida contra la encargada de la Dirección Administrativa de la Fiscalía, ante un “pequeño detallito” que, aseguró, no es menor: la existencia de rentas cobradas por inmuebles asegurados e incluso ya decomisados tras la sentencia del 14 de diciembre de 2023.
El litigante señaló que el juez de ejecución requirió a la Fiscalía un informe detallado sobre el estatus de los bienes embargados y los montos obtenidos por concepto de renta. Sin embargo —acusó— en una contestación formal se negó que existieran arrendamientos, versión que posteriormente fue contradicha públicamente por el propio fiscal al reconocer que sí hay inmuebles rentados y atribuirlo a un “malentendido”.
Según Cordero, de un primer reporte de 110 inmuebles y 185 vehículos asegurados, en sentencia sólo se decomisaron 71 bienes —uno repetido—, es decir, 70; y de éstos, únicamente 29 estarían en condiciones de enajenarse sin amparos o recursos pendientes. “En cuatro años ha disminuido grandemente el haber patrimonial que se había asegurado”, advirtió.
El abogado afirmó que existen al menos 15 inmuebles rentados, entre ellos propiedades en la zona de La Cantera, que generarían más de un millón de pesos mensuales, ingresos que —dijo— podrían superar los 50 millones de pesos acumulados en cuatro años. También denunció vandalización y deterioro de diversos bienes asegurados.
Actualmente, 4 mil 355 víctimas están reconocidas formalmente en la sentencia, aunque la cifra podría ascender a unas 7 mil 500 personas, considerando querellas presentadas en tiempo y forma, e incluso más, dado que la resolución judicial abre la puerta a quienes acrediten su derecho.
“Necesitamos conocer la verdad. Dónde quedaron los bienes, por qué se liberaron algunos y qué pasó con las rentas”, sentenció Cordero al insistir en que el destino de esos recursos es clave para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.