El subdirector de Gobernación, Pedro Germán Oliva Jiménez, aseguró que las inspecciones realizadas en centros de rehabilitación forman parte de la estrategia de seguridad y se llevan a cabo para garantizar condiciones mínimas de legalidad y salubridad, al tiempo que rechazó las acusaciones de presunta extorsión por parte de algunos establecimientos.
El funcionario explicó que en las revisiones se han detectado consumo de drogas, presencia de personas con reporte de desaparición, órdenes de aprehensión vigentes, consumo de alcohol y condiciones insalubres, situaciones que representan un riesgo directo para los internos. Ante estos hallazgos, precisó que se procede a la clausura inmediata, al considerar que no se cumplen los requisitos básicos de operación ni las medidas de seguridad necesarias.
Sobre los señalamientos de cobros indebidos, Oliva Jiménez afirmó que las multas aplicadas se encuentran dentro de los rangos que marca la normatividad, que van de 50 a 650 UMAS, equivalentes aproximadamente a entre 5 mil 500 y 75 mil pesos. Detalló que se han realizado 45 inspecciones, levantado 31 actas y aplicado sanciones que oscilan entre los 5 mil 865 y los 33 mil 900 pesos, lo que, dijo, desmiente las versiones de supuestas cuotas semanales de 20 mil pesos.
Finalmente, indicó que uno de los centros presentó un amparo para frenar las acciones de la autoridad, sin embargo, la resolución judicial no les otorgó la protección solicitada. Añadió que las revisiones continuarán bajo el mismo esquema, al considerar que la prioridad es salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran en estos espacios.