El titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), Héctor Acosta Félix, consideró que la reforma en materia anticorrupción y de fiscalización que impulsan legisladores de Morena a nivel federal representa una “oportunidad especial” para fortalecer el sistema, siempre y cuando se atiendan áreas de mejora como la reducción de plazos en la revisión de cuentas públicas y la clara delimitación de facultades entre la federación y los estados.
En declaraciones recientes, el auditor superior subrayó que uno de los principales pendientes en materia de fiscalización es acortar los tiempos para que la ciudadanía conozca resultados.
“En materia de fiscalización, repito, disminuir los plazos para la revisión de la cuenta pública. En el caso, por ejemplo, actual a nivel federal, apenas este mes se presentará la documentación, mejor dicho, los resultados de la revisión de la cuenta pública 2024. O sea, ya pasaron dos años calendario respecto de los resultados que se van a presentar apenas este mes. Entonces, hay que cortar los plazos. Para el ciudadano es muy quizás desesperante el ver resultados dos años calendario después”, enfatizó.
Acosta Félix contrastó esa situación con lo que ocurre en Chihuahua, donde aseguró que los plazos son más cortos y, sobre todo, más ágiles en el inicio de procedimientos.
“En el caso de Chihuahua tenemos plazos más cortos y sobre todo en el caso de procedimientos, la Auditoría Superior de la Federación tarda hasta cinco, seis, siete años para iniciar procedimientos legales, cuando nosotros estamos tardando seis meses una vez que damos a conocer la cuenta pública”, apuntó.
A decir del auditor, esta diferencia evidencia que es posible hacer una fiscalización más inmediata y eficaz, lo cual debería formar parte central del debate nacional.
Asimismo, señaló que la reforma debe abrir espacios formales para escuchar la voz de los órganos de fiscalización estatales, sobre todo de aquellos que —afirmó— han dado resultados y han demostrado que se pueden hacer mejor las cosas.
“Es indispensable que se consulte a los entes que hemos dado resultados y que nos encontramos en un espacio a nivel nacional en el que hemos demostrado que se pueden hacer mejor las cosas en materia de fiscalización”, sostuvo.
Acosta Félix advirtió que la propuesta anunciada por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar tendría implicaciones directas en las entidades federativas, por lo que los estados deberían tener la oportunidad de expresar su opinión en reformas de tal calado.
Uno de los puntos que consideró fundamentales es el relacionado con la fiscalización de las participaciones federales una vez que estas llegan a las entidades. Señaló que la reforma podría ser la ocasión idónea para clarificar la distribución de competencias.
“Sería una oportunidad fundamental para poder clarificar la distribución de facultades para determinar cuáles atribuciones le corresponden a autoridades locales y cuáles a autoridades federales”, explicó.
En ese sentido, recordó que la reforma de 2015 generó confusión en torno a estas atribuciones, lo que hoy deriva en discusiones sobre hasta dónde puede llegar la federación y hasta dónde corresponde actuar a las auditorías estatales.
“En el caso de las participaciones federales en cuanto a su fiscalización, sería ideal para saber hasta dónde puede llegar la Auditoría Superior de la Federación y hasta dónde las entidades de fiscalización locales”, concluyó, al reiterar que estarán atentos y abiertos a cualquier propuesta que fortalezca el Sistema Nacional Anticorrupción, pero siempre bajo un esquema de diálogo y respeto al federalismo.
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