En una sesión calificada como “la más relevante” en años por varios de sus integrantes, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chihuahua aprobó por unanimidad un posicionamiento institucional en contra de la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, dentro del conflicto competencial 20/2025, mediante la cual se determinó que un juez federal es competente para conocer la causa penal seguida contra el exgobernador Javier Corral Jurado por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos provenientes de participaciones federales.
El acuerdo fue avalado por las siete personas integrantes del órgano colegiado, con un voto concurrente del presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua, y contempla instruir a la Secretaría Técnica para que el posicionamiento sea remitido formalmente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y a los comités coordinadores locales del país.
Señalan confusión entre participaciones y aportaciones
En el documento, leído íntegramente durante la primera sesión extraordinaria del año, el Comité Coordinador advierte que la resolución del tribunal colegiado incurre en una “confusión conceptual” al equiparar participaciones federales con aportaciones federales, figuras que —subraya— tienen naturaleza jurídica distinta.
Mientras las participaciones son recursos de libre disposición que, una vez transferidos, se integran al patrimonio estatal, las aportaciones son recursos etiquetados que conservan su carácter federal. Sin embargo, el tribunal sustentó su decisión en disposiciones aplicables a aportaciones y al Presupuesto de Egresos de la Federación para justificar que los recursos involucrados conservan naturaleza federal, lo que abrió la puerta a la competencia del fuero federal.
Para el SEA, esa interpretación no solo desatiende el marco normativo de la coordinación fiscal, sino que puede alterar el diseño del federalismo y “desdibujar” las competencias tradicionales de las autoridades locales en materia de control, fiscalización y sanción.
Riesgo de “federalización indebida” del combate a la corrupción
El posicionamiento alerta que, de generalizarse este criterio, podrían generarse consecuencias de alto impacto para los sistemas nacional y estatales anticorrupción y de fiscalización.
Entre ellas, que la Auditoría Superior de la Federación se asuma como la única instancia competente para revisar participaciones federales; que las auditorías locales queden impedidas para fiscalizar recursos que históricamente han auditado; que tribunales estatales y fiscalías anticorrupción locales no puedan conocer faltas graves y delitos vinculados al manejo de dichos recursos; e incluso que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa absorba prácticamente todos los asuntos relacionados.
“Se está trastocando todo el sistema nacional anticorrupción, toda la ley nacional de fiscalización, toda una historia de fiscalización”, advirtió durante la sesión el fiscal Anticorrupción, quien calificó como “aberración jurídica sin precedente” la confusión entre capítulos normativos que, a su juicio, realizó el tribunal colegiado.
“Vamos a defender hasta las últimas consecuencias”
El fiscal sostuvo que, pese a la resolución, la carpeta de investigación por los 98.6 millones de pesos “sigue en Chihuahua” y aseguró que se defenderá “hasta las últimas consecuencias” la calidad de víctima de los chihuahuenses, representados por la Secretaría de Hacienda estatal.
Recordó que en el expediente existen órdenes de aprehensión, fichas rojas, alertas migratorias, aseguramiento de cuentas y bienes, y afirmó que agotarán todos los recursos legales, incluida la controversia constitucional ante la Suprema Corte y, de ser necesario, instancias internacionales.
Por su parte, el presidente del Comité de Participación Ciudadana hizo una analogía para explicar la gravedad del criterio adoptado por el tribunal: comparar participaciones con aportaciones, dijo, sería como considerar víctima a quien entregó una pensión alimenticia obligatoria y no a quien sufrió el robo del bien adquirido con ese dinero.
Llamado al diálogo institucional
Sin desconocer la validez formal de la resolución ni la independencia judicial, el Comité Coordinador hizo un “llamado respetuoso al diálogo institucional” entre autoridades estatales y federales, así como a los órganos jurisdiccionales, para que profundicen en el análisis de los criterios adoptados y eviten interpretaciones que debiliten las capacidades locales de combate a la corrupción.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad, con un voto concurrente anunciado por el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua, quien además adelantó que impulsará que el documento se posicione a nivel nacional dentro del Sistema Nacional de Fiscalización.
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