Primero los negocios y el poder, no los pueblos indígenas

Por: Víctor M. Quintana S.

Al cumplirse treinta años de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, en buena parte siguen siendo letra muerta, incluso en Chihuahua. Resulta que para hacerlos cumplir el Gobierno del Estado no tiene dinero, aunque los billetes sobren para hacer negocios y reforzar el poder. Vámos a los hechos:

El miércoles 4 de febrero falleció en el Hospital Infantil de Chihuahua el niño Ángel Ramón Julián Baiza, de cinco años, del pueblo ódami, por una infección cerebral, probablemente producida por tuberculosis.

La familia de Ángel, del Rancho Los Julianes, Guadalupe y Calvo, ha vivido unos días de gran incertidumbre y angustia: desde que sus padres lo llevaron al hospital enfrentaron la barrera de la desinformación porque no había traductores a su lengua ódami, o tepehuano del norte, que les explicaran el diagnóstico y el tratamiento a seguir, la madre sólo sabía que el niño “tenía agua en el cerebro”. El 1 de febrero, Ángel fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil. Ahí fue entubado y medicado, pero la angustia continuó pues por no hablar español Micaela, su madre, no sabía cómo evolucionaba su hijo.

Fue hasta que Micaela acudió al medio de información Raichali que un reportero la acompañó y empezó a traducir para ella. Entonces entendió que su hijo ya no tenía remedio y la mañana del día 4 pidió lo mantuvieran conectado un rato más para acompañarlo en sus últimos momentos. No terminó ahí el calvario de la familia: luego hubo que recorrer un largo camino burocrático, por la falta de pertinencia cultural en los servicios médicos del Gobierno del Estado: sacarle la CURP al niño, tramitarle acta de nacimiento para trasladarlo a su lugar de origen. Ya para todo esto se contó con la traducción del reportero de Raichaili.

Las cosas no pararon ahí: cuando el medio independiente Raichali difundió estos hechos, dos secretarías diferentes del Gobierno del Estado le pidieron “bajar la noticia” de su sitio de internet, cosa que no aceptó Raichali, e incluso denunció en medios de cobertura nacional.

Estos hechos revelan una realidad tan indignante como preocupante:

En primer lugar, la violencia estructural que se impone a las comunidades indígenas en nuestro estado: por una parte, no hay una estrategia integral de prevención y atención a la salud cercana a ellos, todavía afectados por la desnutrición y la tuberculosis, enfermedades de la pobreza. Una estrategia que vaya a cubrir sus derechos elementales a la alimentación y a la salud, que no se cubren repartiendo chamarras, despensas y cobijas. Por otra parte, la violencia estructural se manifiesta en el hecho que las personas indígenas que no hablan español son excluidas del cumplimiento de sus derechos porque se les interpone la barrera del idioma. No se cuenta con traductores a las lenguas indígenas que ayuden a que los servicios de las dependencias sean accesibles y tengan pertinencia cultural para las comunidades originarias.

La manera como el Gobierno del Estado pretendió ocultar el caso del fallecimiento del niño ódami revela su afán de controlar lo que digan y lo que callen los medios, ya sea mediante las dádivas económicas o las amenazas. Los medios informativos independientes, los que investigan y denuncian, sufren la gota gorda para sobrevivir.
La realidad es que mientras el Gobierno del Estado no destina recursos para hacer cumplir a cabalidad los derechos básicos de los pueblos originarios, el gobierno del estado derrocha en cuestiones como la Torre Centinela y el dispositivo que la acompaña por lo que se le han pagado a Seguritech cuatro mil 700 millones de pesos. O en el gasto en comunicación social, es decir, en compra de medios, que en lo que va del sexenio lleva ya la friolera de 2 mil 522 millones de pesos.

Primero los negocios y el poder, al último los pueblos originarios de Chihuahua. Donde está el dinero, ahí está el corazón de quienes gobiernan.