Chihuahua – El senador Mario Vázquez, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), calificó como una manifestación de la «narcocracia» que impera en el país, la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, quien es parte del partido Morena.
Vázquez cuestionó la detención del alcalde, señalando que este era miembro de Morena y que, a su juicio, el partido tenía conocimiento de sus vínculos con el crimen organizado. «Siendo de Morena, siendo que ellos lo dijeron a sabiendas de que tenía estos vínculos con el crimen organizado. Él le llamaba jefe al Mencho, eh del cártel Jalisco Nueva Generación. Es la narcocracia que existe en el país», afirmó Vázquez.
El senador explicó que la detención se produjo porque el alcalde «se atrevió a pedir dinero a grandes empresas que que la bolsa de valores eh están controladas». Detalló que estas empresas, incluyendo algunas internacionales que cotizan en bolsas de valores mexicanas y estadounidenses, no permitieron que se les exigieran cantidades de dinero que oscilaban entre 60 y 200 millones de pesos, utilizando el predial como «palanca de negociación». La situación escaló hasta llegar a oídos de las autoridades estadounidenses y mexicanas, lo que finalmente llevó a la detención del alcalde.
Vázquez destacó que, desde 2018, se han detenido 25 alcaldes, la mayoría de ellos pertenecientes a Morena. Esta cifra, según el senador, «nos habla de la descomposición política que existe en el país y como quienes gobiernan a nuestro país, pues están vinculados en buena medida con el crimen organizado».
El senador del PAN enfatizó la necesidad de que los partidos políticos asuman la responsabilidad de seleccionar candidatos sin vínculos con el crimen organizado. Propuso una reforma legislativa para establecer que el partido político que «cobije a un narco y lo haga candidato o bien reciba apoyo de parte de grupos organizados de la criminalidad, pues pierde el registro y obviamente pierde la elección en su momento».
Finalmente, Vázquez lamentó que el gobierno federal haya «cedido de su función principal» de proteger a los ciudadanos, lo que ha permitido la inclusión de grupos organizados en el cobro de derechos de piso e impuestos adicionales, afectando directamente al ciudadano mexicano.