Opinión por: Benjamín Carrera
Este 2026 marca un avance significativo en el apoyo al sector agrícola mexicano con la entrada en vigor del Programa de Comercio Justo, cuyas reglas de operación fueron publicadas a inicios de este mes de enero en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Este instrumento representa una respuesta concreta a uno de los desafíos más persistentes del campo: el bajo ingreso que enfrentan pequeños y medianos productores al vender sus cosechas, en un contexto de costos de producción elevados y dependencia de intermediarios.
El programa se centra en cultivos estratégicos como maíz, trigo, arroz, frijol, café, cacao, miel y hortalizas, productos indispensables para la población en regiones como Chihuahua y su principal beneficio radica en la estabilización de ingresos mediante incentivos que incluyen precios de garantía más sólidos, lo que, a su vez, establece un piso justo que protege contra las fluctuaciones del mercado y asegura que el esfuerzo productivo se traduzca en mayor estabilidad económica.
Otro aspecto destacado del Programa de Comercio Justo, es el impulso a una comercialización equitativa y sostenible; más allá de otorgar apoyos directos, se promueve la competitividad real a través de recursos para transformación, conservación y empaque de productos, así como inversión y mejorara de infraestructura y vinculación comercial.
Todo esto reduce pérdidas postcosecha, fortalece la cadena de valor y minimiza la intervención de intermediarios, permitiendo que las y los productores capturen mayor valor agregado y accedan a mercados con mejores condiciones.
Las reglas de este programa priorizan además la inclusión social, otorgando porcentajes mayores de apoyo a mujeres, jóvenes y personas de comunidades rurales e indígenas, lo que reconoce la diversidad del campo y fomenta una participación más equitativa. Todo el esquema opera con transparencia y entrega directa de recursos, alineándose con los principios de soberanía alimentaria y bienestar rural que impulsan las políticas federales actuales.
Podemos entonces afirmar que, con un presupuesto destinado y la posibilidad de ajustes según las necesidades del sector, el Programa de Comercio Justo no solo mitiga vulnerabilidades inmediatas, sino que contribuye a un campo más resiliente y productivo. En un momento donde la estabilidad económica rural es esencial para el desarrollo nacional, iniciativas como esta representan un paso firme hacia la justicia en el agro mexicano, beneficiando directamente a miles de familias productoras y fortaleciendo la base alimentaria del país.
Porque el campo que produce con dignidad es el que alimenta al futuro, este 2026 seguimos con justicia para el agro mexicano.