Luego del reporte sobre la privación ilegal de la libertad de un grupo de mineros en el estado de Sinaloa, entre los que presuntamente se encuentran personas originarias de Chihuahua, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, aseguró que hasta el momento no existe ninguna solicitud formal de cooperación por parte de las autoridades sinaloenses.
El funcionario estatal señaló que, de recibirse una petición oficial, el Gobierno del Estado de Chihuahua actuaría de manera inmediata, como lo hace de forma cotidiana en casos de este tipo. Explicó que el procedimiento consistiría en establecer contacto directo con el Gobierno de Sinaloa para obtener información precisa sobre la posible localización de ciudadanos chihuahuenses y brindar el apoyo correspondiente. Añadió que la administración estatal se mantiene atenta y en disposición de colaborar.
Lo anterior ocurre luego de que se diera a conocer que el pasado 23 de enero, un grupo armado privó de la libertad a 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver en el municipio de Concordia, Sinaloa, específicamente en el fraccionamiento La Clementina, donde la empresa alojaba a su personal técnico. Entre las víctimas se encuentra Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario de Meoqui, Chihuahua, por quien la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ya emitió una ficha de búsqueda.
De acuerdo con familiares, la empresa minera no habría presentado una denuncia formal de manera inmediata, situación que generó preocupación y exigencias de mayor acción por parte de las autoridades. El caso se suma a un contexto de violencia en Sinaloa, entidad que registra más de 2 mil 400 desapariciones desde septiembre de 2024, lo que ha encendido alertas entre colectivos, familiares y organismos de derechos humanos.