El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, fijó postura luego de la alerta emitida por la Auditoría Superior del Estado (ASE) respecto a una posible reducción de sus facultades, derivada de la atracción al ámbito federal del caso del exgobernador Javier Corral Jurado.
Ante este escenario, Bonilla sostuvo que lo deseable es que cualquier persona señalada por presuntas irregularidades enfrente los procesos legales en Chihuahua, subrayando que la ciudadanía esperaba que las responsabilidades se dirimieran en el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, sin recurrir a mecanismos que puedan interpretarse como una forma de protección.
El presidente municipal remarcó que la advertencia de la ASE pone sobre la mesa la relevancia de mantener intactos los procesos de fiscalización, al recordar que los recursos públicos pertenecen a la sociedad y no a quienes los administran, por lo que cualquier debilitamiento en la revisión del gasto representa un retroceso en materia de transparencia.
Finalmente, Bonilla enfatizó que es indispensable garantizar que las auditorías continúen y que, en caso de detectarse irregularidades, estas sean sancionadas conforme a la ley en el ámbito estatal, con el objetivo de salvaguardar la rendición de cuentas y los intereses de las y los chihuahuenses.
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