Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Chihuahua huele mal, y no es solo por la descomposición orgánica que emana del extremo oriente de la capital. El tufo que hoy asfixia a más de 15 mil familias es, primordialmente, el de una parálisis jurídica y política que ha convertido un servicio básico en un rehén de tribunales. Mientras en las oficinas de los juzgados federales se apilan expedientes y peritajes, en las calles de Romanzza, Punta Oriente y Valles de Chihuahua, lo que se apila es la indignación.
El mapa del conflicto es claro, pero desolador. Lo que hace una década eran terrenos periféricos, hoy son comunidades vibrantes donde habitan aproximadamente 35 mil ciudadanos con credencial de elector. No son «vecinos quejosos»; son un bloque demográfico que representa casi el 5% de la lista nominal del municipio. Un capital político que en 2024 dio un voto de confianza a la actual administración bajo la promesa de una solución definitiva, pero que hoy recibe como respuesta la apertura de una «Celda 2» en el mismo sitio que ya no da más de sí.
La tragedia del relleno sanitario en Chihuahua no es técnica, es de intereses. El proyecto de Mápula, que pretendía ser la vanguardia ambiental de la región, se ha topado con un muro de amparos promovidos por el poder económico. La narrativa es casi kafkiana: de un lado, empresarios preocupados por la plusvalía y el acuífero de sus tierras; del otro, miles de familias que respiran diariamente el resultado de nuestra gestión de residuos.
La cifra es de no creerse: 15 diferimientos. Quince veces el Poder Judicial ha pospuesto la posibilidad de un aire limpio para el oriente. La próxima cita es este 22 de enero de 2026. Esa fecha no es solo un trámite en la agenda de un juez; es el día en que se decidirá si la justicia en este estado es capaz de poner el bien común por encima de las agendas corporativas.
Lo más fascinante —y quizás lo más peligroso para la clase política— es la resiliencia de estos distritos. A pesar del abandono ambiental, el Distrito 12 y el 18 no son zonas de apatía. Son los sectores que más participan en el Presupuesto Participativo, los que mejor se organizan en comités vecinales y los que, hasta ahora, han mantenido una lealtad institucional que pende de un hilo muy delgado.
¿Cuánto tiempo más puede sostenerse esa lealtad cuando la solución «provisional» se vuelve permanente? El llamado «Plan B» o complejo de economía circular suena bien en el papel, pero para quien vive a metros de la basura, no es más que un eufemismo para prolongar la agonía de un sitio que debió cerrarse hace años.
La basura no conoce de términos legales ni de suspensiones definitivas. Sigue llegando, tonelada tras tonelada, cada mañana. Si este 22 de enero el Juzgado Primero de Distrito vuelve a postergar la audiencia o si el fallo ignora la emergencia sanitaria de 50 mil personas, el costo no será solo ambiental.
El verdadero incendio del relleno sanitario no se apaga con tierra; se apaga con voluntad política y justicia social. Si no hay una respuesta pronto, el olor a podrido llegará, inevitablemente, hasta las urnas de la próxima elección. Porque en el oriente de Chihuahua, la gente ya aprendió que su voto huele a esperanza, pero su realidad sigue oliendo a olvido.
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