Las fiscalías no puede actuar de motu propio, eliminar orden judicial para cateo violaría garantía ineludible para ciudadanos: Fiscal Jáuregui

La eventual eliminación del requerimiento de contar con una orden liberada por un juez para realizar cateos o intervenciones al interior de domicilios o propiedades privadas implicaría una violación a las garantías ciudadanas más elementales, advirtió el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, al fijar postura sobre el tema.

En declaraciones ofrecidas este lunes, el titular de la Fiscalía General del Estado dejó en claro que no comparte una medida de esa naturaleza, al considerar indispensable que toda actuación de las autoridades encargadas de la persecución del delito esté sujeta a mecanismos de control judicial.

“Pues no lo considero positivo. Yo pienso que toda la actuación que realicen las autoridades que persiguen el delito, en este caso las fiscalías, tiene que tener mecanismos de control”, subrayó Jáuregui Moreno, al recalcar que si bien dichos procedimientos pueden resultar más complejos, representan una garantía imprescindible para la ciudadanía.

El fiscal sostuvo que las fiscalías no pueden ni deben actuar por cuenta propia, sin supervisión, ya que el sistema jurídico mexicano establece con claridad que el control de estas actuaciones corresponde a los jueces de control de los poderes judiciales.

“Las fiscalías no pueden actuar de motu propio, tienen que tener un control, que en México lo ejercen debidamente los jueces de control de los poderes judiciales”, enfatizó el funcionario estatal.

Jáuregui Moreno añadió que acudir ante un juez para solicitar y justificar órdenes de cateo u otro tipo de intervenciones no debería verse como un obstáculo, sino como parte del debido proceso que fortalece el Estado de Derecho.

“Y nada nos cuesta acudir ante un juez y justificar órdenes de cateo, cualquier tipo de actuación. Sí dificulta a veces las cosas, pero creo que también es una garantía ineludible para los ciudadanos”, concluyó, reiterando su rechazo a cualquier intento de debilitar los controles judiciales en la actuación ministerial.