El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, calificó como un “acto de desesperación” y una medida “ilegal e inútil” el aseguramiento de su cabaña en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, dentro del proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de peculado agravado por 98.5 millones de pesos.
A través de sus redes sociales, Corral aseguró que la acción forma parte de una estrategia política y mediática del actual gobierno estatal, al señalar que “El MaruDuartismo comunica que ha asegurado mi cabaña en Chihuahua por presunta corrupción, un nuevo acto de desesperación; como suele decirse, ‘patadas de ahogado’”, y sostuvo que dicha medida será combatida por las vías legales, como —afirmó— ha ocurrido con otras acusaciones.
El exmandatario panista reiteró que la Fiscalía Anticorrupción carece de competencia para continuar con el caso, al asegurar que dicha situación ya fue determinada por jueces federales. “La Fiscalía Anticorrupción y su impresentable fiscal, han perdido la competencia del caso en dos resoluciones distintas, emitidas por jueces federales, lo cual ha sido ratificado por unanimidad por un Tribunal Colegiado de Circuito”, expresó.
Corral Jurado acusó que, ante este escenario jurídico, la única alternativa que le queda a la autoridad estatal es el “golpeteo mediático”, utilizando recursos públicos para difundir lo que calificó como una narrativa “amarillista y sin sustento”.
Asimismo, vinculó el aseguramiento de sus propiedades con la reciente detención del exgobernador priista César Duarte Jáquez, al considerar que este hecho volvió a colocar en el centro del debate nacional la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”. En ese contexto, lanzó señalamientos directos contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y el caso de la «nómina secreta»..
Corral sostuvo que el anuncio de la competencia federal ha generado nerviosismo en el gobierno estatal, al advertir que en dicha instancia no solo se demostrará su inocencia, sino que —aseguró— quedará evidenciada “la fabricación de un delito y la componenda entre funcionarios del gobierno del estado y jueces de consigna”, además de calificar como “penoso” que la Fiscalía Anticorrupción esté, dijo, bajo el mando de una persona “servil” y “profundamente ignorante del derecho”.