Chihuahua.- Una solicitud de investigación ante el Gobierno de los Estados Unidos por presunto abuso de autoridad, conflicto de intereses y manejo indebido de recursos públicos fue presentada en contra del diputado local de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, su esposa Nancy Escárcega y el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya, fue presentada por Mario Arturo Pico Castañeda, quien se ostenta como asesor en materia de seguridad, del estado de Texas; Cabe señalar que Pico Castañeda aparece en registros del Instituto Nacional Electoral como candidato a diputado federal de mayoría relativa por Movimiento Ciudadano para el distrito 03 de Ciudad Juárez, en el 2024.
El documento, el cual se dio a conocer a través de la página oficial de Pico Castañeda, señala que se presentó una solicitud formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se realice una revisión preliminar sobre información pública que involucra a funcionarios y personas políticamente expuestas de México, ante la posible existencia de conductas irregulares con implicaciones bajo jurisdicción estadounidense.
De acuerdo con el documento fechado el 6 de enero de 2026 y dirigido a la Sección de Integridad Pública de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la petición busca que autoridades federales evalúen información disponible en el dominio público relacionada con presuntos conflictos de interés, uso indebido de autoridad e influencias indebidas.
En la carta se mencionan específicamente el nombre del diputado federal Francisco Sánchez, la magistrada Nancy Escárcega y Alfredo “El Caballo” Lozoya, aclarando que la comunicación no constituye una acusación formal ni presume responsabilidad penal, sino que solicita una valoración objetiva e imparcial para determinar si los datos ameritan un análisis más profundo conforme a leyes federales, estándares de integridad pública o marcos regulatorios de Estados Unidos.
El escrito señala que diversas fuentes públicas y testimonios han generado cuestionamientos sobre el manejo de recursos financieros o institucionales, así como posibles elementos transfronterizos, incluyendo transacciones financieras o activos que podrían ubicarse bajo jurisdicción estadounidense, lo que justificaría una revisión preliminar por parte del Departamento de Justicia.
El promovente subraya que la solicitud se presenta de buena fe y con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación consistente del Estado de derecho, especialmente cuando están involucradas personas con exposición política.
Finalmente, se solicita que el Departamento de Justicia determine, dentro de sus facultades, si la información referida amerita algún tipo de revisión, investigación o canalización a las instancias de supervisión correspondientes, dejando abierta la disposición para aportar información adicional en caso de ser requerida.