Por: Profr. Gerardo Castillo Terrazas
En los rincones más apartados de Chihuahua, donde el asfalto se desvanece y la señal de celular es un lujo, pero también en las colonias urbanas olvidadas; aquellas donde la pobreza se esconde tras las bardas agrietadas de la periferia, existen maestros que madrugan antes del alba para llegar a una telesecundaria donde el reloj no marca jornada, sino compromiso. Allí, tanto en comunidades rurales como en barrios marginados de nuestras ciudades, hombres y mujeres imparten clases, corrigen tareas, organizan actividades cívicas, atienden padres de familia, preparan materiales didácticos y muchas veces incluso median en conflictos sociales o acompañan emocionalmente a estudiantes en situación de vulnerabilidad. Todo eso, y más, lo hacen con la certeza de que su esfuerzo no será remunerado en su totalidad.
Desde 2015 los docentes de telesecundaria en Chihuahua hemos denunciado una injusticia estructural: se nos reconoce oficialmente una jornada de 35 horas semanales, pero solo se nos paga por 30. Cinco horas de trabajo real, concreto, indispensable… desaparecen cada semana en un limbo burocrático que ninguna autoridad ha tenido la voluntad de aclarar. Once años de solicitudes, escritos, reuniones, pláticas y promesas incumplidas. Once años en los que nuestras voces han sido escuchadas con cortesía institucional, pero ignoradas con frialdad administrativa.
No se trata de un descuido. No es un error contable. Es un mecanismo persistente que normaliza la sobreexplotación de quienes educamos en las zonas más vulnerables del estado, ya sea en la sierra, en el desierto o en los márgenes invisibles de nuestras propias ciudades. Mientras se exige puntualidad, calidad pedagógica, cobertura universal y resultados académicos, se niega reconocer el tiempo real que demanda cumplir con todo ello. Y peor aún: se da por sentado que el docente de telesecundaria, por su sentido del deber, seguirá adelante sin cuestionar. Pero el deber no anula los derechos.
Este no es un reclamo, es una exigencia ética. Las cinco horas no pagadas no son «extras» son parte esencial de la labor que sostiene el sistema educativo en regiones donde la escuela es, muchas veces, el único espacio público con sentido comunitario. Negar su valor económico es negar la dignidad del trabajo docente. Es perpetuar una lógica perversa que premia la entrega con la invisibilización.
A las instituciones responsables, tanto estatales como federales, les decimos con claridad: este tema no se olvida, no se archiva, no se diluye con el paso del tiempo. Cada ciclo escolar que inicia, cada alumno que aprende en una telesecundaria rural o urbana, cada comunidad que confía en su maestro, es un recordatorio vivo de que la justicia pendiente sigue ahí, esperando respuesta.
No pedimos favores, exigimos lo justo ymientras no se regularice esta anomalía, seguiremos alzando la voz; desde nuestros salones de clase, desde nuestras comunidades, desde la prensa. Porque la educación en Chihuahua merece respeto y sus docentes salario completo por el trabajo completo.
La vocación no sustituye al salario, la entrega no justifica la omisión y once años de espera ya son demasiados.
