Por: Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la asignación preferente de plazas docentes a egresadas y egresados de las escuelas normales públicas ha generado una polémica comprensible en una sociedad marcada por reformas educativas sucesivas, por desconfianzas acumuladas y por una narrativa dominante que durante años redujo la complejidad de la docencia a un trámite administrativo o a la simple aprobación de un examen. Sin embargo, más allá del debate inmediato, este fallo obliga a detenernos y a reflexionar con mayor profundidad sobre qué significa educar, quién debe formar a quienes educan y qué papel juega el Estado en la construcción de su proyecto nacional.
Durante el periodo en que se impuso la idea de que “cualquiera podía ser maestro” siempre que aprobara una evaluación estandarizada, se debilitó una noción fundamental: la docencia no es solo una ocupación, sino una profesión con identidad, con saberes propios y con una función estratégica para la vida pública del país. Aquella lógica meritocrática, aparentemente neutral, terminó por desdibujar el sentido formativo del magisterio y por desplazar a las instituciones históricamente encargadas de preparar a las y los docentes para contextos sociales, culturales y territoriales específicos.
Las escuelas normales públicas —incluidas las rurales— no surgieron como espacios improvisados ni como concesiones políticas coyunturales. Su razón de ser está vinculada a la construcción del Estado mexicano y a la necesidad de llevar educación a regiones donde el mercado nunca tuvo interés en llegar. En ellas, la formación docente no se limita al dominio de contenidos, sino que integra una comprensión del entorno social, del compromiso comunitario y de la función social de la escuela. Defender su centralidad no implica negar la importancia de la evaluación, sino reconocer que evaluar no es lo mismo que formar.
El fallo de la Corte no elimina el principio de mérito ni cancela la exigencia de capacidades profesionales; lo que hace es reubicar el punto de partida. Al otorgar prioridad a quienes fueron formados específicamente para enseñar, el Estado asume que la docencia es una profesión estratégica y que su acceso no puede regirse exclusivamente por lógicas de competencia abiertas, desvinculadas del proyecto educativo nacional. Esta distinción es clave: no toda función pública admite los mismos criterios de ingreso, y menos aún aquella que moldea generaciones enteras.
La educación no es un servicio más dentro del engranaje institucional; es un proyecto de nación. En ella se definen valores, se transmiten saberes, se construye identidad y se disputan sentidos. Pretender que la formación de quienes enseñan quede sujeta únicamente a mecanismos impersonales de selección equivale a renunciar a la responsabilidad del Estado sobre su propio futuro. La preferencia a normalistas no es un privilegio arbitrario, sino una decisión política que reconoce la especificidad de la formación docente y su papel en la cohesión social.
La polémica, en el fondo, revela una tensión más profunda: la que existe entre una visión tecnocrática de la educación y una visión pública, histórica y social de la docencia. La resolución de la Corte se inscribe en esta segunda perspectiva, al reafirmar que fortalecer a las normales públicas es fortalecer al sistema educativo en su conjunto. No se trata de cerrar puertas, sino de ordenar prioridades conforme a un proyecto colectivo.
En tiempos de incertidumbre y de debates polarizados, resulta necesario recordar que las decisiones educativas no pueden analizarse únicamente desde la lógica individual del acceso al empleo, sino desde su impacto en la vida social. La docencia, como profesión de Estado, exige coherencia entre formación, ingreso y responsabilidad pública. En ese sentido, la decisión de la Corte no es un retroceso, sino una invitación a repensar qué tipo de educación queremos y qué tipo de país aspiramos a construir. Porque la Educación es el camino…
Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann
Docente y Abogado. Doctor en Gerencia Pública y Política Social