Por: Jorge Arturo Salcido
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió.
Y al decidir, cerró un debate jurídico, pero abrió una pregunta política y educativa mayor.
El pasado 7 de enero, la Corte declaró constitucional la preferencia automática para egresados de escuelas normales públicas en la asignación de plazas docentes. Lo hizo por unanimidad. Lo hizo sin votos disidentes. Y lo hizo, sobre todo, sin exigir evidencia de que dicha preferencia mejore la educación de niñas, niños y adolescentes.
Ese es el dato central. Todo lo demás gira alrededor.
La sentencia valida una política pública relevante, de largo alcance, que afecta el ingreso a la función pública docente y, por extensión, el derecho a aprender de casi 25 millones de estudiantes. Sin embargo, la Corte no pidió pruebas de impacto, no solicitó indicadores de éxito, no estableció mecanismos de revisión futura. Optó por confiar en la racionalidad del legislador.
Desde una perspectiva estrictamente constitucional, la decisión es defendible: el Congreso tiene libertad de configuración normativa y el fortalecimiento del normalismo público es un fin legítimo. Pero desde una perspectiva contemporánea de derechos humanos y política educativa, la ausencia de exigencia empírica resulta inquietante.
Porque aquí no se discute el valor histórico, social o simbólico de las escuelas normales. Tampoco se niega su papel en la construcción del sistema educativo mexicano. Lo que está en juego es algo distinto: si el acceso a la docencia puede organizarse con base en prioridades institucionales sin demostrar que estas benefician efectivamente a los estudiantes.
La Constitución es clara al establecer que el ingreso al servicio docente debe realizarse en “igualdad de condiciones”. La ley introduce la noción de “prioridad”. La Corte resolvió la tensión interpretando que prioridad no es exclusión. Jurídicamente, el argumento se sostiene. Pero educativamente, la pregunta permanece intacta:
¿prioridad para qué?, ¿con qué resultados?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿bajo qué evaluación?
En los sistemas educativos de mayor desempeño internacional, el patrón es distinto. La selección docente se basa en competencias demostradas, procesos altamente competitivos, formación continua y condiciones laborales dignas. No en el origen institucional del título profesional. No porque la identidad no importe, sino porque la evidencia importa más.
El propio conocimiento comparado —incluidos estudios internacionales recientes— señala que la calidad educativa se explica por factores como mentoría, desarrollo profesional, apoyo institucional, clima escolar y reducción de cargas burocráticas. El lugar donde se estudió la formación inicial no aparece como variable determinante.
Aun así, México opta por una política distinta. Tiene derecho a hacerlo. Pero cuando un Estado elige un camino divergente, la carga de justificación debería ser mayor, no menor.
Hay, además, un silencio preocupante: el interés superior de la niñez. No aparece explícitamente en los argumentos públicos de la sentencia. No se analiza qué sistema de ingreso docente beneficia más a los estudiantes, ni cómo se evaluará ese beneficio en el tiempo. En una decisión que afecta directamente el aula, la voz del estudiante está ausente.
Nada de esto convierte la sentencia en ilegítima. Pero sí la convierte en insuficiente desde el estándar de políticas públicas basadas en evidencia.
La Corte resolvió el problema jurídico.
No resolvió el problema educativo.
Y ese vacío no es menor.
Porque cuando el máximo tribunal valida una política sin pedir que se mida su impacto, el mensaje implícito es peligroso: que en educación basta con la intención, la historia o el acuerdo político. Y no es así. Nunca lo ha sido.
La pregunta ya no es si la preferencia normalista es constitucional.
La Corte ya respondió.
La pregunta ahora es otra, más incómoda y más urgente:
¿quién va a evaluar si esta decisión realmente mejora la educación de México?
Mientras esa pregunta siga sin respuesta, la sentencia será legal.
Pero el debate seguirá abierto.