Texcoco, Estado de México, Mexico, 19 de diciembre de 2025. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos supervisa Plan Integral para el Oriente del Estado de México en Texcoco, Estado de México. Foto: Saúl López / Presidencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió analizar a fondo las iniciativas conocidas como “Ley Esposa”, al advertir que no siempre tienen como objetivo real garantizar la paridad de género, sino que en algunos casos podrían responder a intereses político-electorales específicos.
Durante su posicionamiento, Sheinbaum se refirió a este tipo de propuestas que han surgido en congresos estatales, como en San Luis Potosí y Nuevo León, donde se plantea que únicamente mujeres puedan contender por la gubernatura en las elecciones de 2027. Señaló que antes de avanzar con este tipo de medidas es necesario revisar su viabilidad jurídica y constitucional, así como sus verdaderas motivaciones.
La mandataria recordó que ya existe un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que establece un esquema de paridad para las candidaturas a gubernaturas en 2027, el cual contempla que los partidos políticos postulen a nueve mujeres y ocho hombres. Consideró que este mecanismo ya contribuye de manera clara al objetivo de equilibrar la representación de género, sin necesidad de imponer restricciones adicionales que podrían ser cuestionadas legalmente.
En ese sentido, Sheinbaum subrayó que la lucha por la paridad debe ser auténtica y no utilizada como pretexto para resolver disputas internas o cerrar el paso a determinados perfiles políticos, ya que ello podría desvirtuar los avances logrados en materia de derechos políticos de las mujeres.
El llamado “Ley Esposa” es un término que se ha utilizado en el debate público para referirse a reformas o acuerdos que limitan las candidaturas a un solo género en determinadas elecciones, bajo el argumento de impulsar la paridad. Sin embargo, críticos de estas iniciativas señalan que, en algunos casos, podrían ser diseñadas para favorecer a grupos o actores políticos específicos, más que para fortalecer una igualdad sustantiva.
La discusión sobre estas propuestas continúa en el ámbito legislativo y político, mientras autoridades electorales y actores públicos analizan hasta qué punto este tipo de medidas contribuyen realmente a la paridad o pueden generar nuevos conflictos legales y políticos rumbo a los comicios de 2027.
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