Esta mañana, la sala de reuniones de la Secretaría General de Gobierno fue escenario de un encuentro clave entre autoridades federales, estatales y productores agrícolas de diversas regiones de Chihuahua, con el foco puesto en el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) y en los miles de trámites de pozos que mantienen a productores fuera de la tarifa eléctrica preferencial. A la reunión acudieron el titular de la SADER federal en Chihuahua, Benjamín Carrera; el secretario estatal de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz; el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, así como representantes del sector agrícola de todo el estado.
Al término del encuentro, el presidente municipal de Delicias celebró que una de las principales demandas fuera atendida: la prórroga del plazo para el registro de trámites del PEUA, que ahora se amplía hasta el 28 de abril de 2026. Dicha ampliación, reconocieron los asistentes, representa un primer respiro para miles de productores que estaban a punto de quedar fuera del programa por rezagos administrativos acumulados durante años.
Jesús Valenciano detalló que, de acuerdo con lo expuesto en la mesa de trabajo, se calcula que existen más de 9 mil trámites pendientes en Chihuahua relacionados con concesiones, transmisiones, prórrogas y modificaciones ante Conagua, los cuales hoy bloquean el acceso de los productores al PEUA. Para atender este cuello de botella, las autoridades federales se comprometieron a contratar al menos 50 tramitadores o dictaminadores que comenzarán a revisar estos expedientes a partir de enero.
El alcalde explicó que como primer paso se solicitó a los productores entregar, región por región, listados detallados de los casos pendientes, con el compromiso de que desde la segunda semana de enero se empiecen a dar respuestas claras sobre qué trámites pueden resolverse, cuáles no y qué documentación hace falta en cada caso. “Hay una muestra de voluntad que no habíamos visto”, señaló, al destacar la presencia de funcionarios de Conagua y del área jurídica.
Por parte de los productores, Tomás Parra reconoció que la prórroga y la apertura al diálogo generan esperanza para resolver un problema que arrastran desde el año pasado, aunque dejó claro que persisten desacuerdos con diversos artículos de la ley, particularmente aquellos que, dijo, impiden regularizar títulos o realizar ciertas transmisiones. “Nos dicen que se va a modificar, pero no tenemos certeza jurídica”, advirtió.
Ariel Ray, productor del municipio de Galeana, fue más crítico al señalar que, si bien el tema urgente es el PEUA, el fondo del problema es un sistema que consideró “fallido” desde hace años. Planteó la necesidad de que los propios productores tengan una participación directa en la toma de decisiones, pues cuestionó que funcionarios ajenos a las regiones puedan resolver problemáticas que desconocen en campo.
Desde el sur del estado, Ramón Villegas, pequeño productor de Valle de Allende, subrayó que el PEUA no es un beneficio menor, sino la diferencia entre seguir produciendo o abandonar el campo. Explicó que, con parcelas de apenas cuatro o cinco hectáreas, sin la tarifa eléctrica preferencial la producción de hortalizas se vuelve incosteable, empujando a las familias a dejar sus ejidos.
Villegas coincidió en que hoy hay un ambiente de apertura y reconoció que uno de los principales obstáculos es el atraso histórico de Conagua en la resolución de trámites acumulados por más de una década. Celebró el anuncio de los 50 dictaminadores, pero fue enfático: el sector dará un voto de confianza condicionado a resultados concretos en un plazo de 30 días hábiles.
Los productores dejaron un mensaje claro sobre la mesa: si en ese periodo no hay avances reales y soluciones tangibles, no aceptarán más dilaciones. “No vamos a estar jugando a que nos doren la píldora”, advirtieron, al señalar que, de no cumplirse los compromisos, la mesa de trabajo se tensará y el conflicto escalará, pues, insistieron, está en juego la viabilidad del campo chihuahuense y el sustento de miles de familias.