El grupo de docentes y trabajadores de la Escuela Normal Rural «Ricardo Flores Magón» de Saucillo denunciando ingobernabilidad, violaciones a derechos laborales y ejercicio discrecional del poder por parte de autoridades educativas y sindicales, señalaron vía comunicado que, en una reunión en Chihuahua, la autoridad educativa evitó un diálogo resolutivo y sólo confrontó a las y los trabajadores, sin dar seguimiento formal a compromisos asumidos. Acusaron intromisión ilegal en asuntos sindicales y actos de hostigamiento y agresiones verbales por parte de funcionarios. También denunciaron colusión de representantes sindicales y abuso de autoridad contra docentes y personal de apoyo. Afirmaron que persiste la falta de resoluciones administrativas y el manejo discrecional de recursos. Advirtieron que estas prácticas han generado un clima de incertidumbre, confrontación y deterioro institucional.
A continuación el comunicado:
«Después de la toma de la escuela NRRFM como rechazo ante la actuación de las autoridades educativas y sindicales, cuyas acciones y omisiones han derivado en un escenario de ingobernabilidad, vulneración sistemática de derechos laborales y ejercicio discrecional del poder.
Se citó al personal en la ciudad de Chihuahua. En la reunión sostenida con la autoridad educativa, encabezada por la Directora de la SEECH Teresa de Jesús López lejos de establecer un espacio de diálogo institucional serio y resolutivo, la autoridad se limitó a cuestionar y confrontar a las y los compañeros, sin atender de fondo las problemáticas planteadas. Si bien se expresó el compromiso de resolver trámites relacionados con aparatos auditivos y ortopédicos, a la fecha no existe resolución formal, seguimiento documentado ni certeza administrativa, evidenciando una práctica reiterada de simulación institucional.
Resulta particularmente grave la actuación de la Jefa del Departamento, Patricia Mayela Amador Guzmán, quien citó a las y los trabajadores para tratar asuntos de carácter estrictamente sindical, incurriendo en una intromisión directa e ilegal en la vida interna de la organización sindical, vulnerando el principio de autonomía sindical consagrado en la legislación laboral vigente. A ello se suma su presencia física en la escuela, mientras de manera paralela integrantes del sindicato, de forma fragmentada y sin transparencia, hicieron firmar documentos a las y los compañeros y los citaron en dos sedes distintas, profundizando la división, la confusión y el desgaste laboral, además la maestra Amador ejerció agresiones verbales contra un compañero y una trabajadora de apoyo, a quien hizo llorar, acusándolos sin sustento de haber filtrado a un medio de comunicación un citatorio oficial.
En este contexto de hostigamiento, el Secretario Delegacional de la Normal, Víctor Sepúlveda coludido con la autoridad oficial sostuvo discusiones directas con docentes, quienes le cuestionaron su papel indiferente ante lo que sucede. Estos hechos constituyen violencia institucional, acoso laboral y abuso de autoridad, conductas que deben ser investigadas y sancionadas conforme a derecho.
A pesar de la gravedad de los hechos aquí señalados, no existe hasta el día de hoy ninguna resolución, ni administrativa ni laboral. El recurso correspondiente al EDINEN continúa siendo ejercido de manera discrecional, con la autorización de «directivos» que se encuentran inmersos en un procedimiento legal bajo investigación en el departamento jurídico de los SEECH, no resuelto desde hace más de un año, lo que coloca a la institución en una situación de irregularidad administrativa permanente.
Más grave aún, se ha normalizado que personas que no cuentan con nombramiento legal ni atribuciones formales, tomen decisiones sustantivas en la opacidad, particularmente en materia de interinatos, manejo de recursos públicos y definiciones estratégicas para la vida institucional de la escuela, configurando un escenario de usurpación de funciones y responsabilidad administrativa.
Estas prácticas no sólo vulneran derechos laborales individuales y colectivos, sino que atentan contra la legalidad, la transparencia y la gobernabilidad institucional, generando un clima de incertidumbre, desgaste, confrontación y caos, del cual las autoridades educativas y sindicales serán plenamente responsables.»