El senador por el PAN, Mario Vázquez, anunció que iniciará una estrategia legal mediante la presentación de amparos en contra de la reciente reforma a la Ley General del Agua y a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de defender los derechos de los productores y concesionarios del recurso hídrico.
El legislador explicó que los amparos buscan resguardar los derechos de transmisión automática de las concesiones, los cuales, afirmó, se ven afectados por el nuevo marco legal. Detalló que la primera etapa de este proceso arrancará en Chihuahua, donde se habilitará una ventanilla de atención en su casa de atención ciudadana para brindar asesoría jurídica a las personas interesadas.
Indicó que los productores que tengan trámites pendientes o enfrenten dificultades relacionadas con el uso del agua podrán solicitar orientación y sumarse al proceso legal. Como requisitos, señaló que deberán presentar copia de su identificación oficial, del título de propiedad y del título de concesión expedido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Vázquez sostuvo que la nueva legislación presenta contradicciones, incluso con la Constitución, al señalar que no se realizó la consulta previa a comunidades indígenas y que, bajo el argumento de proteger el derecho humano al agua, se estarían eliminando derechos adquiridos por concesionarios durante años.
“Se utiliza una narrativa de protección al derecho humano al agua, pero al mismo tiempo se quitan derechos previamente adquiridos, lo cual resulta jurídicamente cuestionable”, afirmó.
El senador añadió que esta estrategia legal se articula con acciones impulsadas por el Congreso del Estado de Chihuahua y por diversos ayuntamientos, además de que se busca coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado, particularmente con la Secretaría de Desarrollo Rural, para instalar más ventanillas de atención.
Finalmente, Mario Vázquez señaló que se pretende construir un frente amplio en defensa del uso productivo del agua, con la participación de municipios y autoridades locales, ante lo que consideró una reforma que genera incertidumbre jurídica para el sector productivo del estado.
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