La jueza federal María Jazmín Ambriz López, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, vinculó ayer domingo a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero por más de 73 millones de pesos, a través de la Unión Ganadera División del Norte y la Financiera División del Norte.
Durante la audiencia, la juzgadora determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y la eventual celebración del juicio, al considerar que, en esta etapa, existen elementos suficientes para que el proceso penal continúe en el ámbito federal.
El abogado defensor del exmandatario, Héctor Villasana Ramírez, confirmó que la resolución de vinculación se dictó apenas el día de ayer y que, a partir de ahora, el equipo legal entrará en un proceso de reorganización de la estrategia, revisión exhaustiva de la carpeta de investigación y preparación de la documentación que habrá de presentarse durante el plazo fijado por la jueza.
Villasana reiteró que, desde la perspectiva de la defensa, Duarte no debería enfrentar este proceso federal, al tratarse —sostuvo— del mismo caso por el cual ya fue judicializado en Chihuahua, relacionado con el presunto desvío de 96 millones de pesos. Argumentó que se está intentando dar una nueva calificación jurídica a los mismos hechos, ahora como uso de recursos de procedencia ilícita, lo que vulnera el principio de no ser juzgado dos veces por la misma causa.
Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República esgrimió que la gobernadora Maru Campos Galván habría protegido al exgobernador y aludió a un supuesto pago de 10 millones de pesos cuando él era gobernador y ella diputada, versión que la defensa rechazó de manera categórica.
El litigante afirmó que dichos señalamientos carecen de sustento y forman parte, dijo, de una narrativa impulsada por el exgobernador Javier Corral Jurado, la cual —aseguró— fue trasladada al Ministerio Público federal como una estrategia desesperada para manchar el proceso y afectar a las instituciones del Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado.
Respecto al criterio de la jueza sobre la supuesta duplicidad de cargos, Villasana explicó que la juzgadora consideró que se trata de conductas distintas —peculado y lavado de dinero— que pueden investigarse de manera independiente, razón por la cual resolvió mantener la vinculación a proceso.
En cuanto a las medidas cautelares, la defensa adelantó que impugnará tanto la vinculación como la prisión preventiva, al considerarlas desproporcionadas y violatorias de derechos humanos, además de buscar, vía amparo, que el asunto sea conocido por tribunales federales en Chihuahua y no en el Estado de México, así como la revisión del internamiento en un penal de máxima seguridad.
Sobre el estado de salud del exgobernador, Villasana informó que se encuentra estable, aunque intranquilo por la situación jurídica, y adelantó que realizarán las gestiones necesarias para que se le suministren los medicamentos y reciba la atención médica requerida durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.