Chihuahua.- El presidente estatal del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Sergio Facio, afirmó que la desaparición de los organismos garantes en el país carece de plazos obligatorios y sanciones, por lo que su extinción dependerá del tiempo que cada Congreso estatal decida emplear para adecuar su marco constitucional y su legislación secundaria.
Facio explicó que, aunque algunas reformas en distintas entidades han establecido plazos de 60, 90 o 180 días para concretar los cambios, en la práctica “el tiempo que tomen las legislaturas es el que prevalece”, pues en un contexto regresivo como el que vive la transparencia en México, no existe un instrumento jurídico que obligue a acelerar la desaparición de los institutos.
Recordó que incluso en los estados donde se fijaron 90 días para realizar las modificaciones, “muy pocos cumplieron en ese periodo” y, aun cumpliéndolo, la propia Constitución suele otorgar otro plazo adicional para elaborar la legislación secundaria. “Puede darse el caso de que Chihuahua legisle en diciembre o enero, pero la misma reforma establecería otro periodo de 90 o 180 días para adecuar o extinguir el organismo y crear el nuevo modelo”, señaló.
Facio subrayó que los transitorios de la reforma federal son claros: mientras no se concluyan las adecuaciones constitucionales y legales, los organismos garantes continúan existiendo y operando. “Ahorita seguimos en funcionamiento. Ya se extinguieron 15 o 17 con el INAI; quedamos 16 en las entidades. Jalisco y Guanajuato están próximos, pero igual pueden llegar los plazos y, si no han concluido, se seguirá extendiendo el tiempo”, precisó.
También indicó que no existe ninguna penalidad para los estados que no cumplan en los plazos sugeridos. “No hay un marco que establezca que si no se cumple pasará algo. No hay sanción”, reiteró.
Frente a este panorama, consideró fundamental que en Chihuahua se busque un modelo “lo menos regresivo posible”, pues todas las alternativas representan un retroceso frente al diseño de organismos constitucionales autónomos creados para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales. Añadió que sustituirlos por figuras dependientes del poder Ejecutivo o Legislativo limitaría la imparcialidad y la capacidad de fiscalización.
Facio compartió que el Ichitaip ha planteado al Congreso del Estado la posibilidad de abrir procesos de consulta con la academia, especialistas, organizaciones y periodistas, recordando que la transparencia en México se consolidó gracias al impulso social y mediático desde los años noventa. “Si no hubiera interés del gremio periodístico, no se habría logrado la autonomía del acceso a la información”, afirmó.
Lamentó que, pese a que el Instituto solicitó el mismo presupuesto del año anterior sin incrementos, la discusión nacional se haya inclinado hacia la extinción de los órganos garantes en lugar de fortalecerlos. “Hubiera sido mejor perfeccionar su funcionamiento, no desaparecerlos”, apuntó.
Finalmente, señaló que cualquier disputa futura sobre estos procesos enfrentará un escenario incierto en el ámbito judicial federal, pero insistió en que, mientras las reformas no concluyan, los institutos siguen con vida y atribuciones vigentes, por lo que continuarán atendiendo sus obligaciones en transparencia y protección de datos personales.