En una maratónica audiencia inicial que se extendió por cerca de 15 horas, una jueza federal dictó prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, por su presunta participación en un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Duarte fue detenido la tarde del lunes en la ciudad de Chihuahua por agentes de la Policía Federal Ministerial y de la SSPC, cuando circulaba sobre la lateral del Periférico de la Juventud, y posteriormente trasladado al Altiplano, donde quedó a disposición de la jueza de control Jazmín Ambriz López, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez.
Durante la diligencia, integrada en la causa penal 142/2024, el Ministerio Público acusó al exmandatario de desviar más de 73 millones de pesos, aunque otros dictámenes señalan montos superiores a los 76 millones, recursos que presuntamente provenían del erario estatal y que fueron canalizados a empresas vinculadas directa o indirectamente a Duarte, a su esposa Bertha Olga Gómez Fong e incluso a sus hijos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte instrumentó un esquema de simulación de apoyos ganaderos, a través del cual se signaron convenios y subsidios para la compra de ganado, maquinaria e insumos agropecuarios; sin embargo, los recursos terminaban en empresas donde él mismo era accionista mayoritario o en cuentas personales de su familia.
Entre las empresas señaladas se encuentran Unión Ganadera Regional División del Norte, Financiera División del Norte, Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, estas últimas donde Gómez Fong —la esposa del exgobernador— figuraba como socia mayoritaria y representante legal. Según la FGR, incluso se cubrieron gastos personales como el pago de una tarjeta American Express de la familia.
Las investigaciones señalan que Duarte contó con la colaboración de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda estatal y tesorero de las empresas beneficiadas, quien habría sido clave en el entramado financiero que permitió mover los recursos entre diversas cuentas antes de llegar a las del exmandatario y su círculo cercano.
En las primeras horas de la audiencia, la defensa de Duarte intentó sin éxito cancelar la diligencia al argumentar la existencia de un amparo que impedía su aprehensión. El Ministerio Público respondió que dicho recurso aplicaba solo para causas del fuero común y no así para delitos federales, y añadió que el gobierno de Estados Unidos autorizó el pasado 2 de diciembre abrir una nueva causa penal contra el exgobernador, pese a que su extradición en 2020 se realizó por peculado.
Como parte de los elementos probatorios, la FGR presentó dictámenes contables, auditorías de la Auditoría Superior del Estado y documentación bancaria que detalla las transferencias que presuntamente sirvieron para ocultar el origen de los recursos desviados. También se incluyeron declaraciones patrimoniales y fiscales del exmandatario que, según la autoridad, evidencian conflicto de intereses y enriquecimiento injustificado.
La defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será hasta el próximo sábado cuando se determine si Duarte es o no vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero. Mientras tanto, la jueza valoró los argumentos del Ministerio Público respecto al riesgo de fuga, destacando que ya se le había detectado movilidad reciente pese a portar un brazalete electrónico por otro proceso en Chihuahua.