Senado aprueba nueva Ley de Aguas

CDMX. – En una sesión maratónica que se extendió hasta la noche, el pleno del Senado de la República aprobó este jueves la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

La votación final en lo particular se concretó con 82 votos a favor y 34 en contra, luego de que, horas antes, la aprobación en lo general se lograra con 85 votos a favor y 36 en contra. El dictamen, que ya había sido avalado previamente por la Cámara de Diputados en una jornada que duró 24 horas, fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación oficial

El proceso legislativo estuvo marcado por una profunda polarización. Desde el inicio, la discusión fue declarada de «urgente resolución», lo que aceleró su trámite. En el hemiciclo, la tensión se materializó en mantas y carteles desplegados por los distintos grupos parlamentarios.

Los legisladores del partido gobernante exhibieron imágenes de expresidentes y exgobernadores, a quienes acusaron de haber obtenido concesiones de agua para sus familias o empresas vinculadas. En respuesta, la oposición levantó pancartas con lemas como «El agua es vida, no botín político» y «Expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza».

La raíz del enfrentamiento se encuentra en el fundamento constitucional de la nueva ley. La norma vigente desde 1992 se deriva del Artículo 27 Constitucional, que tradicionalmente ha vinculado el agua a los derechos de propiedad de la tierra. La nueva legislación, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ordena bajo el Artículo 4°, que consagra el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano.

Con la aprobación del Congreso de la Unión, el siguiente paso es la firma presidencial. No obstante Organizaciones campesinas han anunciado que intensificarán sus protestas, argumentando que la nueva ley no atiende sus demandas centrales y consolida el control estatal sobre el recurso.

La nueva Ley General de Aguas nace, por tanto, entre el júbilo de quienes ven en ella la materialización de un derecho humano fundamental y la profunda preocupación de quienes anticipan un golpe a la productividad del campo mexicano. Su implementación será el siguiente capítulo de este complejo debate nacional.