En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, señaló que la aprobación del dictamen de la nueva Ley de Aguas ocurrió entre modificaciones apresuradas y sin claridad plena. Explicó que, durante los últimos siete años de gobierno de Morena, se ha adelantado la votación al pleno, lo que dificulta conocer el contenido final del dictamen y evaluar si se respetaron acuerdos con productores o si se escucharon todas las voces involucradas. Añadió que, incluso, muchos legisladores votaron sin haber leído el dictamen a profundidad, lo que incrementa la preocupación por la forma en que se llevó a cabo el proceso.
Afirmó que la valoración completa del proyecto deberá hacerse cuando llegue al Senado de la República, donde finalmente se conocerá la versión definitiva. Consideró preocupante que el proceso legislativo apunte a una tendencia de centralismo, al pretender dictar políticas uniformes para todos los estados, pese a que —dijo— “Chihuahua no es igual al resto del país” y requiere un enfoque propio en materia hídrica.
De la Peña destacó que resulta llamativo que, durante siete años, la Ley de Aguas Nacionales permaneciera vigente sin cambios, y ahora se impulse una reforma con premura y sin que las posturas de todos los sectores hayan sido consideradas a profundidad. Subrayó que los ajustes que se propongan impactarán de manera directa al campo y a las regiones que dependen de un manejo responsable del agua.Finalmente, cuestionó la postura de algunos legisladores federales que, pese a haber llegado al cargo con el voto de los chihuahuenses, no han rendido cuentas claras sobre su posición en esta reforma.
Señaló que varios presumen amplios márgenes de votación en la capital, pero ahora deben explicar a la ciudadanía por qué respaldaron una iniciativa que afecta directamente a Chihuahua y cuyo contenido aún genera incertidumbre.