Por: Profr. José Luis Fernández Madrid
Es común que en las facultades de derecho de diversas universidades del país, a los postulantes de sus tesis de grado les pidan como requisito leer el «Decálogo del Abogado», dentro del cual, los futuros profesionistas se comprometen a que el día en que encuentren en conflicto al derecho con la justicia, luchen por ésta última.
Dándole total crédito y validez a dicha premisa, las demandas, exigencias o peticiones que se hagan solicitando justicia, bajo cualquier esquema, ésta debe prevalecer por encima de la norma cuando, lógicamente se presente una contraposición entre ambas.
En los distintos cargos directivos o de toma de decisiones tanto del ámbito público como el privado, aplicar los preceptos legales deben perder vigencia cuando en la práctica, el fantasma de la injusticia se cierne sobre la actividad de los sujetos aplicables del derecho.
El determinar acciones o dictar instrucciones por parte de quienes, dentro de sus funciones y atribuciones están facutados para ello, conllevará sin duda, un análisis serio respecto a la legalidad y la justicia así como de los efectos por la toma de dichas definiciones.
Fácil no resulta y menos cuando una decisión impactará positiva o negativamente en las personas, por ello, ante tal circunstancia, los reclamos y peticiones de justicia por lo hecho, lo ganado u obtenido no es más que una válida manifestaciones en aras de poderlo conciliar con la Ley.
Es verdad, vivimos en un país de leyes, regalmentos, y de todo un entramado de cuerpos legales que le dan certeza y seguridad a las distintas interacciones, pero también el velar por la justicia manifiesta el sentido humano de quien puede, incluso, definir el rumbo personal y familiar de la gente.
He ahí el dilema.
