Un juez federal de la Ciudad de México negó este miércoles al exgobernador de Chihuahua y actual senador por Morena, Javier Corral Jurado, la suspensión definitiva dentro del amparo 791/2024, promovido desde agosto pasado para frenar la orden de aprehensión girada en su contra por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, derivada de su presunta participación en un peculado por 98.6 millones de pesos.
Al ser cuestionada sobre la resolución judicial, la gobernadora Maru Campos Galván aseguró desconocer la noticia y enfatizó que el caso corresponde exclusivamente a la Fiscalía Anticorrupción, al tratarse de un órgano autónomo del Ejecutivo estatal. “No tengo el dato, me acabo de enterar por ti y bueno, pues ahorita lo veremos. Está a cargo de la fiscalía anticorrupción, que es autónoma, aquí sí trabajamos de manera independiente”, declaró.
La mandataria aprovechó para lanzar una crítica directa al exgobernador panista, con quien mantiene una conocida rivalidad política, al recordar prácticas atribuidas a su administración. “Como cuando Javier Corral torturaba a la gente y compraba testigos protegidos para ir en contra de sus enemigos. ¿De qué digo enemigos? De la gente que le caía mal simplemente”, expresó Campos Galván.
Al preguntársele si el Gobierno del Estado impulsaría un proceso de desafuero ante el Congreso de la Unión para permitir la aprehensión del senador morenista, la titular del Ejecutivo respondió que esa sería una decisión de la Fiscalía Anticorrupción, pero consideró que lo justo sería que enfrentara las consecuencias legales de sus actos.
“Bueno, pues ya lo sabrán entonces los abogados de la fiscalía anticorrupción ahorita que no tengo idea, pero yo creo que lo justo, pues sí, es precisamente hacer justicia para una persona que ha vivido en la simulación, en el engaño para todos”, puntualizó la gobernadora.
El caso contra Corral Jurado se originó a partir de una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en torno a presuntas irregularidades cometidas durante su administración (2016-2021), relacionadas con el desvío de recursos públicos superiores a los 98 millones de pesos.
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