Por: Gerardo Castillo Terrazas
En Chihuahua, como en gran parte del país, los docentes han dejado de ser únicamente formadores de conciencias y guías del conocimiento. Hoy, caminan por un campo minado: por un lado, enfrentan agresiones (verbales, físicas e incluso digitales) que en muchos casos derivan en denuncias infundadas, lanzadas sin pruebas, sin contexto y, peor aún, sin consecuencias para quienes las fabrican. Por el otro: cargan con una burocracia asfixiante que los obliga a cumplir funciones ajenas a su vocación, son administradores, psicólogos, mediadores sociales, gestores de plataformas digitales y hasta vigilantes de conductas ajenas.
Es paradójico que, en una entidad que se enorgullece de su compromiso con la educación, no exista hasta la fecha una normativa sólida que proteja efectivamente a quienes están en el aula.
Sí, ha habido iniciativas, algunas incluso con redacción clara, con enfoque humanista y con el respaldo de organizaciones magisteriales; pero se han quedado estancadas en comisiones legislativas, enterradas bajo pilas de otros asuntos “más urgentes”; mientras los maestros siguen expuestos, desprotegidos y, en muchos casos, estigmatizados.
No se trata de blindar al docente frente a cualquier crítica legítima, la rendición de cuentas es parte de toda profesión, sino de garantizar que no se convierta en chivo expiatorio fácil ante conflictos que muchas veces tienen raíces familiares, sociales o estructurales. ¿Cuántos casos conocemos en los que una simple discusión en el salón de clases se convierte en una acusación penal? ¿Cuántos profesores han tenido que ausentarse de sus labores, no por culpa, sino por el miedo a una justicia que no distingue entre denuncia y delito?
Y mientras esto ocurre, se les exige más: más reportes, más capacitaciones, más horas frente a grupos sobrepoblados, más tareas administrativas que no enseñan nada, pero sí consumen tiempo, energía y vocación. El docente ya no solo enseña; también justifica, documenta, defiende y, en silencio, sufre.
Es hora de que el Congreso del Estado de Chihuahua deje de posponer lo que es urgente. Es hora de que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, impulse con firmeza una política de protección al docente que incluya protocolos claros, acompañamiento legal inmediato y sanciones ejemplares contra quienes usan la denuncia como arma de venganza o distracción.
Los maestros no piden privilegios. Piden condiciones mínimas de seguridad, dignidad y respeto. Y si no actuamos ahora, seguiremos perdiendo no solo aulas, sino vocaciones. Porque nadie quiere dar clase con la espada de Damocles de una denuncia falsa sobre su cabeza.
La educación no se construye con burocracia ni con silencio cómplice. Se construye con docentes protegidos, valorados y libres para enseñar. ¿Hasta cuándo esperaremos?
