Por: Profr. Gerardo Castillo Terrazas
El anuncio del pago de la Compensación Provisional Temporal Compactable “RZ”, esa promesa incumplida durante más de diez años no es motivo de celebración: es una vergüenza disfrazada de buena noticia. Porque mientras en el resto del país los docentes recibirán este beneficio el 31 de octubre, como siempre, en Chihuahua tendrán que esperar hasta el 15 de noviembre. ¿Y por qué? Porque aquí, al parecer, ni el dinero, ni la capacidad, ni la voluntad política están a la altura.
Primero: ¿dónde están las finanzas del estado? Se habla de que son requeridos 64 millones de pesos para poco más de 6,000 maestros; una cifra que, lejos de ser abrumadora, debería haberse previsto con meses de anticipación. Pero no, en lugar de planear, improvisan. Y mientras tanto, se acercan otros compromisos presupuestarios que amenazan con colapsar aún más las ya maltrechas arcas estatales.
Segundo: ¿tres meses no alcanzan para hacer una nómina? El pago fue anunciado en agosto, hoy estamos a octubre, y recién ahora aseguran que en noviembre ¡dos semanas después del resto del país!, podrán liquidar lo que debió pagarse hace más de una década. ¿Es esto eficiencia? ¿O es pura negligencia administrativa?
Tercero: ¿dónde está la defensa del magisterio? Si a nivel federal el pago se respeta puntualmente cada año, ¿por qué en Chihuahua los docentes siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda? ¿Acaso su sindicato no tiene la fuerza, o la voluntad, para exigir lo que por derecho les corresponde?
Ninguna de estas fallas es menor. Juntas, forman un patrón inaceptable: el magisterio estatal sigue siendo el último en la fila, incluso cuando se trata de cumplir con obligaciones legales y morales. Y lo peor no es el retraso en sí, sino la normalización de la impunidad, la improvisación y el desprecio hacia quienes sostienen la educación pública con su trabajo diario.
Este no es un “retraso técnico”. Es un síntoma de desgobierno. Y Chihuahua merece, y necesita, algo mejor.
