Por: Mtra. Laura Elena Salcedo Domínguez
La reciente solicitud de renuncia al Coordinador de Educación de la Zona Norte, el Maestro Gerardo Arrieta Mendoza, por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, es un acto de insensatez e infantilidad alarmantes. La razón esgrimida —haberse fotografiado con la senadora Andrea Chávez en un evento organizado por el Gobierno federal— no es solo trivial, sino que expone una profunda inmadurez política y un temor latente e innegable del gobierno estatal ante la inminencia de las próximas contiendas electorales.
Si aspiramos a una sociedad madura y democrática, es imperativo que las decisiones que emanan de las altas esferas de gobierno se fundamenten en la competencia, la legalidad y el servicio público, no en criterios tan pueriles como el color político o las fotografías casuales. Este tipo de limpias ideológicas no son propias de un Estado que se precie de ser democrático y plural; son la manifestación de un berrinche político que antepone la revancha partidista al bienestar de la ciudadanía.
El Maestro Arrieta no es un improvisado. Su gestión se caracterizó por fortalecer la dinámica educativa de la región norte. Demostró una integridad moral impecable y un conocimiento profundo de la dinámica educativa en Ciudad Juárez. Contaba con el respaldo de un equipo comprometido y leal que, durante su tiempo al frente, consiguió generar resultados tangibles y estabilidad en los procesos tanto administrativos como académicos de la región.
Es paradójico que un perfil con la capacidad de gestión y los resultados probados de Arrieta sea desechado por una cuestión que está completamente fuera de su desempeño profesional. Este acto envía un mensaje devastador: en Chihuahua, la lealtad partidista ciega (malentendida) vale más que la eficiencia, el conocimiento y la estabilidad institucional.
La separación del cargo del Maestro Arrieta genera de inmediato un clima de inseguridad e incertidumbre en el sector educativo de Ciudad Juárez. La preocupación es legítima: la posibilidad de que, por cuotas o favores políticos, se nombre a una persona totalmente ajena a las necesidades propias del sector educativo es alta.Esto, a su vez, podría reforzar la política educativa recaudatoria, intransigente y cerrada que ha sido el sello de este gobierno para con el magisterio estatal, rompiendo la estabilidad y el avance logrado. La educación de miles de estudiantes y el trabajo de cientos de maestros no pueden ser rehenes de cálculos electorales y mezquinas vendettas políticas.
El Gobierno del Estado debe entender que su mandato es para todos los chihuahuenses, y que la función pública, especialmente en un área tan sensible como la educación, exige profesionalismo y altura de miras. La decisión de destituir al Maestro Arrieta por un pretexto tan endeble es una señal de debilidad, paranoia electoral y, lo más grave, un desinterés por la calidad y la estabilidad del sistema educativo de Ciudad Juárez. Es tiempo de que las cúpulas de gobierno maduren y dejen de utilizar los cargos públicos como fichas en su juego de ajedrez político. La educación de Chihuahua merece un trato serio y respetuoso.