Por: Felipe Villa
Es urgente establecer un protocolo de actuación para el personal escolar en México, ya que la falta de lineamientos ha generado afectaciones a profesores y alumnos. A pesar de que el personal escolar tiene derechos legales, como el derecho a un salario justo, condiciones seguras de trabajo, capacitación continua y una evaluación justa, estos derechos a menudo son violados cuando se presenta algún conflicto escolar y sin un protocolo institucional claro, no sabe cómo actuar ante una denuncia, un caso de violencia o un conflicto legal, y esto lo hace susceptible a castigos injustos e incluso represalias, con consecuencias para su salud mental y su imagen social.
Actualmente, existen manuales de seguridad escolar y protocolos de prevención de violencia con ciertos elementos comunes, pero son dispersos y muy variables entre las entidades diferentes federativas. Por ejemplo, en algunos estados ha sido suficiente un rumor o una denuncia sin evidencia, para suspender de manera preventiva a un maestro sin derecho inmediato a una defensa legal o de apoyo psicológico y la falta de protocolos deja al personal expuesto a medidas arbitrarias, por lo que es necesario elaborar, implementar y difundir protocolos de actuación que orienten al personal de manera homogénea ante situaciones de riesgo, conflicto o denuncia, salvaguardando su integridad y presunción de inocencia.
Es apremiante establecer organismos internos de apoyo jurídico y psicológico para el personal escolar que se enfrente a casos delicados, en los que deben estar presentes testigos o acompañantes (directivos, abogados, entre otros) en cualquier diligencia que pueda afectar la honra y el buen nombre del personal, con el objetivo de evitar abusos de poder que violen sus derechos.
Un protocolo deberá proporcionar al personal escolar las pautas de actuación ante situaciones conflictivas o denuncias y evitar sanciones arbitrarias e injustas, porque muchas veces, la ausencia de este, lo deja en manos de posibles decisiones parciales como suspensiones preventivas sin prueba alguna y sin derecho a defensa legal, por eso la importancia de establecer los pasos a seguir que garanticen que el personal escolar reciba un proceso justo y que sus derechos sean respetados, para prevenir, y en su caso, evitar acusaciones que puedan resultar falsas.
Los protocolos se deben contemplar con apoyo psicológico y asesoría legal para que el personal escolar pueda enfrentar estas situaciones con el respaldo necesario, ya que, al no existir un protocolo claro, queda expuesto a ser señalado o culpado sin contar con un referente teórico ni metodológico para defenderse, generándole estrés, ansiedad e impotencia.
Es muy importante incorporar en los protocolos de actuación medidas de protección emocional y jurídica para el personal escolar, tales como la designación de figuras internas de apoyo jurídico y psicológico, para definir procedimientos que permitan documentar e informar incidentes, con testigos y acompañantes en casos delicados para crear un ambiente más seguro y transparente para las y los maestros en que estas acciones no solo lo amparan, sino que fortalecen la confianza y la estabilidad emocional y laboral en las escuelas.
La ausencia de protocolos deja el actuar del personal escolar expuesto a un desgaste emocional y a una posible vulneración de derechos, por lo que es urgente crear un protocolo nacional que sirva como base legal adaptable a cada estado con la finalidad de garantizar la calidad y seguridad de la educación, y fortalecer el respeto y la confianza social hacia los profesionales de la educación.
El problema es claro: no existen protocolos para protección al personal escolar, solo hay acuerdos laborales, códigos de conducta y manuales de operación. Esta situación no solo pone en riesgo su bienestar, sino que también afecta la calidad de la educación en el país, ya que la inseguridad y el estrés que sienten se traducen en un entorno escolar cada vez más precario. Además, la falta de un marco legal claro los deja expuestos a decisiones arbitrarias, en las que las acusaciones sin evidencia son suficientes para tomar medidas de sanción, sin que ellos tengan acceso a un proceso justo.
