Agradeciendo el apoyo de Los de Abajo Organizados y la Asamblea Feminista, las maestras Edith Díaz Aguirre y Sumiko Ortiz denunciaron haber sido víctimas de violencia institucional, discriminación, revictimización y abuso de poder por parte de directivos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Solicitaron la intervención directa de la gobernadora Maru Campos Galván para que se respeten sus derechos laborales y sean reinstaladas en sus funciones como Enlaces de Educación Indígena, Migrante y Menonita, y Enlace Académico de la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales, respectivamente, y denunciaron también no haber contado con un apoyo firme desde la Sección 8 del SNTE. Lamentaron que tras darles la razón el proceso jurídico en SEECH y reconocerlas como víctimas de diferentes violencias, en una resolución carente de perspectiva de género, se les comunicó que eran revocadas de su cargo, mientras que a quienes ejercieron la violencia, aseguraron, sólo se les suspendió ocho días de empleo y sueldo y se les conminó a recibir varios cursos. De esta forma, manifestaron recibieron mayor castigo las víctimas que los victimarios.
La maestra Edith Díaz, de origen rarámuri y con 30 años de servicio en educación indígena, inició enfatizando que accedió a su cargo mediante una convocatoria pública, cumpliendo con todos los requisitos académicos y profesionales. Sin embargo, a tres meses de su nombramiento, el director de Atención a la Diversidad, Jaime Torres Amaya, intentó removerla para colocar a una persona administrativa “sin pertenencia indígena ni los requisitos establecidos”. Díaz consideró el hecho un acto de discriminación étnica y de abuso de poder, por lo que interpuso denuncias ante distintas instancias.
En un comunicado leído ante medios, Díaz sostuvo que su remoción fue “una decisión arbitraria disfrazada de trámite administrativo”, motivada porque su trabajo habría revelado irregularidades internas, como el mal manejo de claves y funciones dentro del departamento. “No me revocaron por incompetente, sino porque estorbaba a quienes desean seguir operando sin transparencia”, afirmó.
Leyó un comunicado en el que refirió que, con 16 años de servicio, denunció haber sufrido el mismo patrón de violencia institucional. Aseguró que, el mismo día en que el área jurídica de SEECH acreditó 11 violencias cometidas en su contra, recibió su revocación como enlace académico, bajo el argumento de “pérdida de confianza”. “Es absurdo —dijo—, nos reconocen como víctimas y al mismo tiempo nos castigan por denunciar. Somos las víctimas, pero las sancionadas”.
Ambas maestras acusaron directamente a la directora jurídica, Cinthia Pallarés; a la secretaria técnica, Carmen Julia Aguirre; y a la propia directora general, Teresa López Ramírez, de encabezar represalias contra trabajadoras que denuncian violencia o irregularidades internas. Relataron que incluso fueron objeto de acoso, hostigamiento laboral y persecución, incluyendo intentos de notificación en sus domicilios particulares donde se involucró indebidamente a un menor de edad.
En medio de esta situación, Díaz y Ortiz denunciaron que SEECH ignoró las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como los dictámenes psicológicos que acreditan afectaciones derivadas del acoso laboral. “El jurídico de SEECH se ha vuelto juez y parte —señalaron—; los violentadores reciben cursos de perspectiva de género, mientras a las víctimas se les despoja del trabajo.”
La gravedad del caso se agrava, afirmaron, por la inacción del sindicato, que pese a tener conocimiento de los hechos “no ha asumido una postura firme ni de acompañamiento efectivo”. “Nos hemos quedado solas —lamentaron—. No entendemos si los están frenando o si hay un acuerdo para mantener el silencio”.
Las maestras agradecieron el acompañamiento de Los de Abajo Organizados y de la Asamblea Feminista, que han respaldado públicamente su causa. “Esto no es por un puesto, sino por dignidad —recalcó Sumiko Ortiz—. Luchamos por un ambiente libre de violencia y por el respeto al trabajo docente. Si denunciar violencias es perder la confianza, entonces SEECH ha perdido el rumbo.”
La maestra Edith Díaz dio lectura a una solicitud dirigida a la gobernadora Maru Campos Galván para que intervenga directamente y ponga fin a las prácticas de discriminación y hostigamiento dentro de SEECH. “Nunca hemos hablado mal de la gobernadora. Pedir su ayuda no es una ofensa, es un grito de auxilio ante una estructura que castiga a quien exige justicia». La solicitud dice así:
«MAESTRA MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
GOBERNADORA CONSTITUICIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Con el debido respeto a la investidura que usted representa e invocando al Artículo 1ro. Relativo a los Derechos Humanos y garantías que nuestra constitución establece:
Hacemos a bien manifestar se haga extensivo el exhorto con carácter de urgente a la Contadora Pública Teresa de Jesús López Ramírez Directora de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua a fin de que en el ámbito de su competencia se nos respete, proteja y garantice nuestros derechos humanos y laborales de conformidad con los principios de universalidad en virtud de que se nos han violentado nuestros derechos laborales fundamentales; y en consecuencia solicitamos nos sean restituidas nuestras funciones que como enlaces de las diversas áreas educativas veníamos desempeñando; si bien es cierto hay esferas de competencia, exigimos el No abuso de Autoridad y de poder, erradicar estas prácticas es una exigencia legitima de todo ciudadano por tal motivo el Estado tiene el deber constitucional de prevenir, investiga, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos de la Ley.
Como trabajadora en el sistema educativo indígena del Estado de Chihuahua repudiamos toda acción de discriminación motivada por origen étnico, así mismo la debida aplicación del artículo 2do constitucional Apartado A. Fracción II respetando las garantías, individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres.
Hacemos patente nuestra exigencia a la Dirección Jurídica de Servicios Educativos de Chihuahua, Cinthia Pallares, que el fallo por virtud de las probanzas admitidas, valoradas a nuestro favor sean un medio de convicción de que el derecho nos asiste y en consecuencia el respeto y la restitución de nuestros encargos que veníamos desempeñando a fin de que no sea en menoscabo detrimento y la no confiabilidad de los órganos e instituciones de Gobierno y no sea un precedente de injusticia a la violación de nuestros Derechos Humanos laborales manifestados a través de abuso de poder.
Maestra Edith Díaz Aguirre»
Sumiko Ortiz cerró manifestando “Los renglones torcidos del SEECH se han vuelto el símbolo del abuso institucional. No pedimos favores, pedimos justicia. Que se respete el derecho de las mujeres indígenas y trabajadoras de la educación a vivir y laborar sin miedo.”
En la rueda de prensa también estuvieron presentes las maestras Rosa Lilia Cardona Muñoz y Martha Cruz, quienes expresaron el respaldo del grupo Los de Abajo Organizados a las docentes denunciantes. Cardona recordó que el movimiento se inspira en «Los de Abajo», de Mariano Azuela, y busca la defensa de los derechos humanos del magisterio, señalando que los casos expuestos representan violencia institucional y discriminación ejercida por autoridades y líderes sindicales.
A su vez, Martha Cruz relató haber sido también víctima de abuso laboral y destacó que en el sistema educativo persisten vicios de décadas y presiones sindicales que impiden la justicia para los maestros. Reiteró que seguirán acompañando a las afectadas y denunciando públicamente la impunidad y el abuso de poder dentro de SEECH.
