Presenta Arturo Medina iniciativa de protocolo de protección a docentes y menores

• Busca Medina protocolo para resolver conflictos escolares

_•Promueve protocolo para casos de riesgo y conflictos escolares.

_•Protege integridad de menores y derechos de docentes.

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, presentó iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Escolar, a fin de que la Secretaría de Educación y Cultura emita un protocolo de actuación en situaciones que representen un conflicto en el ámbito escolar.

El protocolo que Medina promueve a través de dichas reformas, tiene por motivo el establecimiento de una ruta concreta para la actuación en situaciones de riesgo que sea capaz de proteger la integridad de los menores y que al mismo tiempo cierre la posibilidad de denuncias o acusaciones falsas en contra de miembros del personal.

El legislador detalló que se trata de la definición de líneas de acción precisas para atender estos conflictos, incluidos accidentes, contemplando además la atención psicológica oportuna de las partes.

La propuesta plantea la ejecución de capacitaciones periódicas y constantes al personal escolar para su preparación y actualización en la atención de este tipo de conflictos, para que las medidas que se activen sean oportunas y efectivas.

El priista propuso también la creación de una instancia dentro de la autoridad educativa que se encargara de la instrumentación y seguimiento del protocolo, así como de proporcionar asesoría y acompañamiento al personal educativo, quien también tendría acceso a canales seguros de denuncia para eventos en los que se ponga en riesgo sus derechos humanos.

Medina aseguró que su propuesta surge del reconocimiento frontal de la existencia de conflictos escolares y de la necesidad de proteger a los menores en entornos escolares, pero también de la necesidad de darle proporcionalidad justa a los escenarios en que los docentes son tratados en estos casos, pues en muchas ocasiones son víctimas de acusaciones falsas que dañan su vida en el ámbito familiar, profesional, económico, social y emocional.

“Lo que buscamos es que se garantice la seguridad de los alumnos y el personal de las escuelas, incidiendo en que se respete en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos humanos y laborales del personal educativo y de las víctimas.”, finalizó.