En medio de la protesta de maestras y maestros estatales que exigen el pago de la Clave L Plus, el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, sostuvo que la dependencia está limitada a actuar conforme a lo que establece la legislación vigente. “No podemos hacer más de lo que la ley nos permite”, enfatizó.
El funcionario recordó que la Clave L y L Plus quedaron excluidas desde la reforma constitucional de 2013 y la posterior Ley General del Servicio Profesional Docente, normativa que centralizó en la Federación los procesos de ingreso, promoción y permanencia del magisterio. Subrayó que la última vez que se pagó dicha prestación fue entre mayo y septiembre de 2015.
Gutiérrez Dávila explicó que tras la segunda reforma educativa de 2019, que dio origen a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), tampoco se contempló este beneficio. En consecuencia, indicó, las demandas de docentes -más de 80 procesos que involucran a alrededor de 800 personas- deberán resolverse en el ámbito judicial.
En relación con el audio que circula, en el que la gobernadora Maru Campos se compromete a restituir la Clave L y L Plus, el secretario aseguró que la mandataria “siempre ha pretendido mejorar las condiciones del magisterio”, pero que está igualmente sujeta al Estado de derecho. “Ella no escapa a esta realidad: solo podemos hacer lo que la ley nos autoriza”, puntualizó.
Frente a la argumentación de los docentes de que la Clave L Plus no es una prestación sino una característica de la plaza, el titular de la SEyD respondió que esa interpretación también será materia de análisis por parte del Poder Judicial. Asimismo, reconoció que la Junta Arbitral solicitó un pronunciamiento del Servicio Profesional Docente, instancia que dejó de existir desde 2019, lo que complica aún más el escenario legal.
El secretario afirmó que su equipo jurídico continuará dando seguimiento a cada procedimiento en curso y sostuvo que será el Poder Judicial quien tenga la última palabra sobre la viabilidad de las demandas. “Nosotros como servidores públicos debemos respetar y acatar los marcos legales, aunque estemos atentos a las inquietudes de los maestros”, concluyó.
