Histórico logro jurídico en materia de vivienda: se emiten dos sentencias que obligan al Estado a garantizar fondo habitacional.
Este lunes se obtuvieron dos sentencias de gran relevancia en materia de vivienda, como resultado del trabajo jurídico del Licenciado Juan Pablo Mena en coordinación los docentes: Rafael Caballero, Stephanie Diaz, Abdel Rodríguez y Viridiana Alvidrez. Las Sentencias representan un avance sin precedentes en la garantía del derecho humano a una vivienda adecuada para los trabajadores al servicio del Estado, al ordenar al Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades vinculadas, el cumplimiento de obligaciones constitucionales largamente postergadas; que desde la creación del Organismo Publico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en 1957, no se había observado esta omisión estructural.
Las sentencias condenan al Estado en los siguientes términos:
1.-primero, a cumplir con lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce expresamente el derecho a la seguridad social en su modalidad de vivienda adecuada. En ese sentido, se ordena proceder a la creación del fondo de vivienda para los trabajadores al servicio del Estado, una deuda histórica en materia de justicia laboral y social.
2.- Segundo, se instruye al Poder Legislativo a iniciar el proceso legislativo correspondiente para emitir dicha regulación, ya sea durante el período de sesiones en curso o en el siguiente período ordinario, con plena libertad de configuración legislativa, pero bajo el imperativo constitucional de cumplir con esta obligación específica; y
3.- Tercero, en tanto se concreta dicha regulación, el órgano jurisdiccional establece que se deberá garantizar de inmediato el derecho a la vivienda adecuada de la parte quejosa, vinculando al cumplimiento de esta sentencia a todas las autoridades competentes. Esta medida busca evitar que la omisión legislativa siga afectando el acceso efectivo a este derecho fundamental.
Con estas SENTENCIAS, se ha consolidado un importante precedente jurídico que obliga al Estado mexicano a corregir omisiones estructurales en materia de vivienda. Este logro representa una victoria significativa en la defensa de los derechos sociales, y abre la puerta a nuevas acciones legales para garantizar el acceso a condiciones dignas de vida para miles de trabajadores.
