Por: Manuel Gil Antón (Colaboración para El Universal)
Ejercieron, sobre personas de muy corta edad —entre 3 y 5 años—, violencia sexual en las instalaciones de un plantel público de preescolar. Hay un agravante, si es que lo hecho puede ser más espantoso: se realizó, por parte de servidoras y servidores públicos adscritos a la SEP, de manera organizada y, es muy probable, con una orientación adicional: la venta, en el mercado mundial de la pornografía infantil, de las grabaciones de esas infamias.
Escribí: “personas de muy corta edad”, para enfatizar que eso son, personas, en etapas tempranísimas de su desarrollo: niñas y niños que, al ingresar a la escuela por primera vez, inician la convivencia con otras y otros a los que no les unen lazos de parentesco ni vecindad en el barrio o el parque: son otras y otros, esos “demás” que, aunque distintos, vamos haciendo nuestros y nuestras hermanas. El nosotros que seremos: los amigos.
Sus familias —las madres sobre todo— se organizaron para exigir justicia y fueron apoyadas, en los procesos legales y de acompañamiento psicológico y humano, por la Oficina para la Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI.
Durante 84 meses (1 mil 459 días) esperaron a que la SEP federal, y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, cumplieran una parte importante de la sentencia del juez. A ambas dependencias se les condenó por ser corresponsables de esos delitos, al no cumplir con su trabajo: asegurar que las escuelas sean los lugares públicos más seguros en los que una niña o un niño pueden estar; el mandato judicial obligaba a las autoridades educativas de todo el país, a ofrecer una disculpa pública, de parte del Estado Mexicano, por no haber estado a la altura de su responsabilidad más elemental.
El jueves 28 de agosto, en la SEP, frente a las familias y los dibujos que las y los niños hicieron de lo que sería una escuela segura y la justicia, los funcionarios pronunciaron, por primera vez en la historia de la educación en el país, las palabras que el poder se resiste a decir cuando no cumple con sus encomiendas: “Disculpen nuestra indolencia, el descuido del Estado que permitió que esto sucediera, la cerrazón con la que los (des)atendimos cuando, sin cansarse, acudieron a diversas oficinas de la secretaría y las que ocupa el Fiscal”.
Durante más de 2 horas, los funcionarios escucharon testimonios, quejas, incumplimientos, actitudes incomprensibles por parte de una autoridad indolente.
Terminaron los discursos y las madres se unieron en una petición: no basta la disculpa, no son suficientes sus palabras. Hechos, calendarios, compromisos, quejas de otros planteles…
El señor Delgado no se daba abasto anotando todo lo que faltaba por hacer.
Luego de tantos años de atender al tema educativo, no había visto un acto similar: sin precedentes. Pero, como dijeron en ese auditorio, esto apenas es el inicio…
Este texto tiene por título ¡Gracias!, pero de ninguna manera es un agradecimiento a la SEP, pues solo era su obligación, y es una vergüenza para el país que se hayan “dignado” pedir perdón por una resolución judicial, y no por voluntad propia.
Es un agradecimiento a la inmensa mayoría de las maestras y maestros de México que hacen su trabajo con total respeto por su alumnado. A las familias, y un reconocimiento enorme a las niñas y los niños que sostuvieron su lucha.
“Un, dos, tres por mí, y por todos mis amigos”, exclamó un niño en el juicio.
Nunca, en educación, unos pocos, tercos y valientes, con todo en contra, hicieron tanto por tantos, por todos nosotros.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México
mgil@colmex.mx
@ManuelGilAnton
