Estrada Sotelo criticó que el Gobierno de Chihuahua no haya concretado la pensión universal para personas con discapacidad, a pesar de que existe una medida cautelar a favor del proyecto. Explicó que la audiencia constitucional del amparo concluyó hace meses y que el retraso en la resolución afecta directamente a un sector vulnerable. “Hablamos de personas que diariamente enfrentan obstáculos para vivir. Este no es un caso ordinario y debería resolverse con prioridad”, subrayó. También expresó respeto hacia líderes de organizaciones de personas con discapacidad que gestionan apoyos ante cualquier nivel de gobierno.
Recordó que esta iniciativa busca garantizar un ingreso básico mensual para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan barreras físicas, sensoriales o intelectuales. Según dijo, la propuesta ha demostrado su viabilidad en otros estados, donde se han implementado programas similares con éxito. “Si en otras entidades se puede, ¿por qué en Chihuahua no?”, cuestionó.
El legislador aseguró que la falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo estatal representa un incumplimiento no solo legal, sino también moral. “Aquí no se trata de un favor político, sino de un derecho humano que debe cumplirse”, enfatizó. Agregó que el retraso también implica que muchas familias continúen asumiendo solas los costos de atención y cuidado.
Estrada Sotelo anunció que seguirá impulsando acciones legales y políticas para que el programa se concrete lo antes posible. Además, llamó a la sociedad civil a mantenerse atenta y exigir a las autoridades el respeto de los compromisos asumidos. “No podemos permitir que los discursos de inclusión se queden en palabras”, sentenció
