Por: Luis Andrés Rivera Levario, vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua
En abril de este año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó el proyecto de canalización de un tramo del arroyo Los Temporales, afluente del río Chuvíscar, en el poniente de la ciudad de Chihuahua. La obra, promovida por una fraccionadora privada, busca encauzar el cauce natural del arroyo para construir las etapas 3 y 4 del fraccionamiento Hispania. Todo esto suena técnico, ordenado y hasta necesario, si uno sólo mira el papel. Pero en realidad, esta obra canaliza mucho más que agua: canaliza impunidad, omisión e ilegalidad.
Los arroyos de Chihuahua, como Los Temporales, son microcuencas vivas. Regulan el ciclo del agua, infiltran humedad, moderan la temperatura y albergan vida. Son espacios de valor ecológico y cultural que resisten como pueden la expansión acelerada del concreto. ¿Qué hace el Estado ante esto? Autoriza destruirlos.
La zona donde se realizará esta obra está catalogada como suelo forestal. No sólo eso: forma parte de la Zona Forestal Protectora Vedada, decretada desde 1936. Es decir, remover vegetación en esta área está prohibido por ley. Sin embargo, la SEMARNAT no sólo permite esta remoción, sino que la avala como parte de un proyecto “hidráulico”.
Pero el problema de fondo es aún más grave: todos los fraccionamientos que rodean el arroyo Los Temporales fueron construidos sin haber tramitado el cambio de uso de suelo forestal ante la autoridad federal. Urbanizaciones completas que nunca cumplieron con los requisitos ambientales que exige la ley. La canalización actual no es un hecho aislado: es el broche de oro para consolidar un patrón de violaciones normalizadas.
Mientras tanto, la ciudad padece las consecuencias. Las lluvias extremas ya no son absorbidas por los cerros, los suelos erosionados se deslavan, los arroyos se desbordan porque su cauce ha sido encajonado o borrado. Nos inundamos más y vivimos menos.
Permitir que una obra así avance, sin exigir antes la regularización y restauración del daño previo, equivale a premiar la ilegalidad. Es como si la SEMARNAT dijera: “Sí, destruyeron el cerro sin permiso, pero ya que lo hicieron, mejor les ayudamos a que no se inunden.” ¿Ese es el papel de la autoridad ambiental?
No se trata sólo de un canal. Se trata de una lógica. Una lógica donde primero se invade, luego se pavimenta y finalmente se legaliza. Una lógica que desmantela el Estado de derecho ambiental, que convierte a la naturaleza en mercancía y a la ley en trámite negociable.
Frente a esto, tenemos derecho —y deber— de decir no. De exigir que se detenga esta obra hasta que se realice una investigación completa, hasta que se sancione a quienes violaron la ley, hasta que se protejan las microcuencas que aún nos quedan. Porque el futuro de Chihuahua no puede fluir por canales de concreto construidos sobre impunidad.
