Chihuahua.- Hugo Ruíz, quien presentó una denuncia pública en contra de Juan Carlos Loera y Marcelino Gómez Brenes por presunto desvío de recursos públicos de los programas del Bienestar en Chihuahua, informó que un juzgado colegiado ordenó la realización de una auditoría externa a la Delegación del Bienestar en Chihuahua; manifestó que no ha recibido contestación de la Secretaría del Bienestar para que se realice la misma.
El ex servidor de la nación informó que el 28 de agosto del 2022 inició con sus señalamientos de malversación de fondos, ya que detect+o un «robo descarado» de la que estaban siendo objeto las personas beneficiarias de las becas del Bienestar, y no se le hizo caso, por lo que decidió denunciar públicamente y a raíz de esto, resuelven en el Bienestar denunciarlo penalmente.
Explicó que al beneficiario le pedían dos copias de credencial de elector en donde veían la firma y procedían a falsificar las firmas; señaló que hay casi cuatro mil personas a las que les falsificaron las firmas de recibido, en donde se les entregó menos dinero del que deberían de recibir.
El denunciante dijo que hay más de 16 personas involucradas, llevándose por bimestre más de 20 millones de pesos, «yo como servidor público tuve que desacerme de eso, porque no podía permitir que mucha gente se estuviera muriendo de hambre…»
También comentó que se hizo la denuncia pública, después se hacen llamaientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por escrito, en donde la contestación es por parte de arturo Zaldivar, quien le señaló que se debe de sujetar al Octavo Constitucional, que es el derecho de petición; posteriormente pide a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Organo Intereno de Control de la Secretaría de Bienestas y a la titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones que se haga una auditoría externa a la delegación Chihuahua, en donde no recibió respuesta.
Posteriormente, mencionó que acudió al Juzgado Décimo de Distrito con sede en Chihuahua, en donde se admite la demanda, pidiendo un informe a la Sectearía del Bienestar; el juzgador obtuvo pruebas por parte de ambas partes, determinando en sentencia que la justicia federal proteja al quejoso y se le dé la oportunidad de hacer la auditoría externa.
Agrego que Santiago Creel Miranda, como presidente de la Cámara de Diputados recurrió a la revisión de la sentencia, la cual es turnada al Segundo Juzgado de Circuito, en el 2023, y el mes pasado se se ratificó lo determinado por el Juez de Distrito: «de manera inmediata den trámite a la denuncia presentada por el aquí quejoso…incluyendo la investigación…»
Ruiz señaló además que cuando ingresó a la delegaciónn del Bienestar como servidor de la nación; enfatizó que no puede decir que Ariadna Montiel está inmiscuída en el asunto, pero si está enterada del caso, ya que él mismo le informó.
Finalmente mencionó que la resolución no marca los tiempos de cuando se debe de cumplir con la sentencia, y la Secretaría del Bienestar no ha dado a conocer cómo cumplirá con la misma, y añadió que se perseguirá la manera de buscar el juicio de procedencia.
