Por: Luis Andrés Rivera Levario, vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua
A simple vista, el fraccionamiento “Privadas del Sur”, en el suroriente de Chihuahua, podría parecer un ejemplo más del crecimiento urbano que avanza sobre el desierto. Calles trazadas, viviendas alineadas y una población que se asienta buscando acceso a servicios y un hogar. Pero bajo la superficie de esta aparente normalidad se esconde un crimen ambiental que ha sido ignorado por autoridades municipales, estatales y federales: la invasión de un cauce federal de agua y el desmontaje ilegal de suelo forestal árido.
Las imágenes satelitales son claras. En 2021, aún se conservaba un amplio corredor de vegetación natural y un cauce visible que descendía por la ladera en dirección al este. Para 2025, gran parte de ese terreno ha sido urbanizado. Las viviendas, vialidades e incluso zonas recreativas se construyeron directamente dentro del suelo forestal e impactando toda la zona de protección del cauce, violando disposiciones básicas de la Ley de Aguas Nacionales y sin que exista concesión alguna emitida por CONAGUA.
Como era de esperarse, esta omisión ya tuvo consecuencias. Las lluvias de finales de junio e inicios de julio de este año provocaron inundaciones severas en el propio fraccionamiento, demostrando que el agua no perdona. Cuando se bloquea su curso natural, encuentra la forma de abrirse paso. Lo grave es que quienes pagan los platos rotos son las familias que ahí habitan, muchas de ellas sin saber que su patrimonio fue colocado sobre una zona de alto riesgo.
A esto se suma otro problema no menos importante: la destrucción del ecosistema de matorral xerófilo que dominaba la zona. Esta vegetación, típica del desierto chihuahuense, cumple funciones ambientales fundamentales: regula la infiltración del agua, retiene suelo, mitiga el calor, y proporciona hábitat a diversas especies. Su remoción no sólo reduce la biodiversidad, sino que agrava los escurrimientos violentos, como ha quedado demostrado. Cambiar el uso de suelo forestal sin autorización está prohibido por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pero aquí parece que el negocio inmobiliario se impuso una vez más al sentido común y a la legalidad.
Es urgente que las autoridades ambientales actúen. No sólo para sancionar a quienes urbanizaron de manera ilegal, sino para prevenir nuevas tragedias y comenzar a restaurar lo que aún se puede recuperar. En un contexto de crisis climática y de estrés hídrico, no podemos darnos el lujo de seguir destruyendo nuestros cauces naturales ni desmontando el territorio que aún conserva vida.
Chihuahua no puede seguir creciendo con base en la impunidad ambiental. Los cerros, arroyos y zonas de captación son patrimonio común. Si los seguimos urbanizando sin orden ni respeto, estamos hipotecando nuestro futuro.
Desde el colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua exigimos a PROFEPA, CONAGUA y SEMARNAT que atiendan esta denuncia y actúen con responsabilidad. No se trata sólo de aplicar la ley, sino de evitar nuevas inundaciones, proteger los ecosistemas áridos que nos rodean y garantizar el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano.
