El fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que el día de ayer ejecutaron dos órdenes de aprehensión contra el propietario y un empleado del crematorio de Ciudad Juárez en el que fueron localizados 383 cuerpos sin vida y restos de otros posibles seis, mismos que durante la tarde de este lunes se espera que sean presentados a audiencia de formulación de imputación por los presuntos delitos de inhumación ilegal y delitos innominados establecidos en la Ley General de Salud. El titular de la FGE enfatizó que todos los cuerpos cuentan con tratamiento funerarios, embalsamamiento, lo cual hace que en principio se descarte la presencia de personas con reporte de desaparición. Compartió los nombres de las seis funerarias que tenían contratado este servicio de cremación, aseguró que esperan tener identificadas pronto a las víctimas y que investigarán de forma exhaustiva el caso para esclarecer el fondo, ver si hay más personas implicadas, qué ocurrió con los permisos y supervisiones y si hubiera que deslindar responsabilidades.
Jáuregui inició señalando que «en estos momentos estamos en la clasificación de los cuerpos que se encontraron ahí. Toda la gente que está ahí tiene, a la primera observación que se hace por parte de nuestros peritos, tratamientos funerarios. Entonces, aparecerán quienes hubiesen tenido un trámite en una funeraria, porque hay que recordar que estos cuerpos eh fueron recibidos por funerarias, fueron llevado el duelo de las familias ahí y posteriormente esta empresa, la dueña del crematorio, recoge de sus cuerpos para realizar el servicio de cremación, cuestión que obviamente no se realizó».
Dicho esto, el fiscal General informó que» el día de ayer ejercimos ya dos órdenes de aprehensión, una en contra de quien es el dueño de la empresa, José Luis Arellano Cuarón -quien acudió a Coespris y ahí se le detuvo-, y el otro es Francisco Martínez Robledo, que es empleado eh ese establecimiento -y a por quién sí tuvieron que ir las autoridades-«, refiriendo que esta misma tarde serían presentados ante un juez de control en audiencia de formulación de imputación.
Adelantó que a ambos se les acusará de los delitos previstos en el Código Penal sobre inhumación indebida de cadáveres y también por algunos delitos innominados establecidos en la Ley General de Salud que tienen que ver con el debido uso de cuerpos y cadáveres que tienen a disposición eh establecimientos que se dedican a esto. Precisó que, en el primero de los casos conlleva penas que van de 2 a 3 años y en el segundo, penas que van de 6 a 16 años.
Si bien refirió que es complicado determinar cuánto tiempo llevarían los cuerpos almacenados en este local, apuntó que habría cadáveres con «mínimo de cuatro a tres años».
«Tenemos todos los datos, tenemos datos del propio establecimiento, de las funerarias que encargaron el servicio, nuestros propios datos, no necesariamente la identificación tendrá que ser a través de familiares. Facilitará mucho que familiares vayan y pidan respuesta puntual si fueron a ellos sus cuerpos tratados por alguna de las funerarias que tenían subcontratada esta empresa de cremación», aseveró el titular de la FGE.
Añadió que, según a los datos recabados, serían seis las funerarias que trabajaban con este crematorio, enumerando que las mismas serían Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Funeraria Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno. Sobre si estas conocían o no lo que sucedía en el crematorio subcontratado, el fiscal apuntó que será motivo de la investigación, así como el hecho de que el establecimiento contara con un permiso de operación de 2024, según datos de Coespris. «Ese es el dato que tengo y pues Coespris tendrá que responder porque hizo declaraciones en torno a que había hecho algunas revisiones. También eso vamos a investigar», enfatizó.
El fiscal Jáuregui garantizó una investigación exhaustiva para llegar al fondo del caso. «Lo primero y lo más importante es darle la dignidad a estos cuerpos que encontramos, estamos poniéndolos en un lugar refrigerado, en bolsas, dando todo el tratamiento que se tiene que dar para ya posteriormente pasar a la identificación y al destino que quieran en el caso de que los familiares así lo decidan darles». «Vamos a hacer una investigación exhaustiva, detallada a efecto de transparentar todo este proceso», aseveró.
