Desde la Asamblea Magisterial de Jubilados y Pensionados de la Región Sur Delegación D-IV-3 de la Sección 42 del SNTE de Parral señalaron este lunes que, 10 días después de la entrega del oficio y de la visita del secretario general, Manuel Quiroz, a la región el pasado lunes, continuarían sin obtener respuestas las exigencias «se nos informe de forma inmediata, por escrito y con sustento documental, cuál es su estatus actual dentro de la estructura sindical», y sobre el paradero de los recursos que se habrían obtenido por la renta de los locales sindicales de Parral.
A continuación el contenido íntegro del documento entregado el 13 de junio:
«Hidalgo del Parral, Chih., a 13 de junio de 2025
C. Profesor Manuel Quiroz Carbajal
Secretario General Sección 42 del SNTE
Presente.-
A través del presente escrito, las y los integrantes de la Asamblea Magisterial de Jubilados y Pensionados de la Región Sur, pertenecientes a la Delegación D-IV-3, nos dirigimos a usted con la dignidad que nos otorgan décadas de servicio al Estado y con la firmeza que emana del hartazgo acumulado por años de omisiones, simulación e indiferencia. Lo hacemos en ejercicio pleno de nuestros derechos como miembros conscientes y activos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 42, para exigir-no solicitar ni suplicar- lo siguiente:
PRIMERO. INFORME ESCRITO SOBRE EL ESTATUS DE LA PROFESORA MAYELA ALVIDREZ BACA
Durante meses, nuestra Asamblea ha sostenido, de forma unánime y categórica, que la permanencia de la Profesora Mayela Alvídrez Baca en cualquier cargo de representación sindical constituye un obstáculo para la reconciliación entre la base jubilada y la dirigencia. Esta exigencia no es caprichosa ni personal, sino el resultado directo de su reiterada negligencia, de su omisión frente a los embates contra Pensiones Civiles del Estado y de su abierto desinterés por el movimiento magisterial que defiende nuestra seguridad social.
La profesora Alvídrez no representa al magisterio jubilado: ni en sus causas, ni en su dignidad, ni en su lucha. Representa, en cambio, una estructura caduca que solo busca perpetuar privilegios a costa del abandono de las y los jubilados. Su permanencia es un agravio.
Por lo tanto, exigimos se nos informe de forma inmediata, por escrito y con sustento documental, cuál es su estatus actual dentro de la estructura sindical, así como los criterios bajo los cuales se le sigue reconociendo como representante. Resulta indignante que, aun cuando sus propios representantes ante esta Asamblea el Profesor Arnoldo Meléndez Flores y la Profesora Gabriela Domínguez manifestaron que usted, profesor Quiroz, había girado instrucciones para su destitución, hoy se nos pretenda engañar con una narrativa distinta.
Nos sentimos burlados. Engañados. Y advertimos: no aceptaremos más simulaciones ni mentiras. Exigimos congruencia, exigimos verdad y exigimos respeto. Esta base ya no está dispuesta a tolerar más desprecios ni a permanecer
en silencio.
SEGUNDO. RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RENTA DE SALONES
De manera reiterada, sistemática y por distintos canales-formales e informales-hemos solicitado con respeto, mesura y hasta con paciencia excesiva, la aclaración puntual y documentada sobre el destino de los recursos económicos generados por la renta de los salones sindicales en esta región. Lamentablemente, lo que hemos recibido son evasivas, excusas mal articuladas, promesas incumplidas y una actitud de franca negligencia administrativa.
¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo ha administrado, autorizado o ejercido? ¿En qué cuentas se ha depositado y con qué documentación se ha comprobado su Uso? ¿A qué fines se ha destinado y quién validó su aplicación?
Estas no son meras preguntas: son demandas legítimas de rendición de cuentas, nacidas del derecho que nos asiste como miembros activos del sindicato y como sujetos con interés jurídico directo en el patrimonio común de nuestra organización.
La negativa reiterada a transparentar el manejo de estos recursos no solo constituye una ofensa directa a nuestra inteligencia y dignidad como trabajadores, sino que puede encuadrar en conductas violatorias de las disposiciones contenidas en la Ley General Administrativas, configurando posibles faltas graves como:
-Uso indebido de recursos sindicales,
-Omisión deliberada de rendición de cuentas,
-Ejercicio arbitrario de funciones,
-E incluso enriquecimiento indebido, en caso de comprobarse beneficios personales derivados de dicho manejo opaco.
No toleraremos más opacidad ni simulación. El patrimonio sindical no es propiedad de unos cuantos: pertenece a toda la base, y su manejo debe ser regido por los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y control democrático. Lo contrario representa una traición no solo estatutaria, sino moral.
Exigimos una auditoría clara, independiente y verificable. Exigimos la presentación de informes financieros detallados. Y exigimos que quienes hayan participado en el manejo de dichos recursos asuman su responsabilidad.
TERCERO. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSECUENCIAS
Les recordamos que su calidad de representantes sindicales no los exime del cumplimiento del marco jurídico vigente. Su actuar está sujeta a responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, conforme a lo previsto en:
Articulo 123, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Ley General de Responsabilidades Administrativas (en lo relativo al desvío de recursos, uso indebido de funciones y omisión de rendición de cuentas); y demás normativas aplicables.
Advertimos con claridad: de continuar la opacidad y el incumplimiento, acudiremos a las instancias correspondientes.
CUARTO. RESPUESTAS CLARAS, DOCUMENTADAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS
Ya basta de acercamientos estériles, de reuniones sin resultados y de discursos huecos. Somos un gremio dolido, pero no derrotado. Estamos en pie, con más conciencia y más fuerza que nunca.
Exigimos respuestas documentadas, compromisos cumplidos y un trato digno. Exigimos que se ponga fin a la simulación.
Ustedes no están por encima de esta base: nos deben respeto, transparencia y resultados. Y si no están dispuestos a cumplir, serán ustedes quienes enfrenten el juicio de la historia, de la ley y de la base que dicen representar.
Con fundamento en los artículos 78 fraccs. VI, VII y VIII, y 175 del Estatuto del SNTE, queda claro que la dirigencia tiene la obligación estatutaria de transparentar el manejo y destino de los recursos provenientes de la renta de salones. Su negativa reiterada a rendir cuentas, proporcionar auditorías o informes detallados demuestra un incumplimiento grave de sus responsabilidades, que no solo ofende a la base, sino que puede configurar actos contrarios a la normatividad vigente.
PLAZO DE RESPUESTA
Otorgamos un plazo improrrogable de tres días naturales a partir de la recepción del presente escrito para que se nos dé respuesta formal, por escrito, a cada una de las exigencias aquí planteadas. El silencio será interpretado como una negativa expresa y una falta de voluntad para actuar con responsabilidad. En consecuencia, nos reservamos el derecho de emprender las acciones legales, administrativas y políticas necesarias.
¡Ni un paso atrás en la defensa de nuestra dignidad como trabajadores del Estado!
Atentamente,
Asamblea Magisterial de Jubilados y Pensionados de la Región Sur Delegación D-IV-3, Sección 42 del SNTE.
C.c.p. Profa. Rosa Isela Urbina Valenzuela
Secretaria de Jubilados y Pensionados.»
