Después de que a mediados de la pasada semana un grupo de maestros, encabezados por la maestra Rosa Lilia Cardona Muñoz, denunciara ante el subsecretario de Gobierno, Óscar González Luna, un presunto faltante de unos 700 cheques del Bonos Docentes de Jubilados y Pensionados, el exsecretario general de la Sección 8 del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz, emitió un pronunciamiento público asegurando que la presente situación sería una prueba más de que lo que se hizo contra él fue una persecución política por parte de la anterior administración estatal. Recuerda como después de que en noviembre de 2016 maestros jubilados fueran a SEECH a demandar el lado de dicho bono, las autoridades estatales le abrieron una carpeta de investigación y lo enjuiciaron por un presunto delito de peculado. Sostiene que ni por aquel entonces -cuando refiere que aún le transfería Gobierno el recurso al sindicato – ni ahora -que sí se lo habrían transferido- existiría delito alguno, pero dicho esto pregunta «¿por qué conmigo se ejerció indebidamente la acción penal y en el último de los casos ni siquiera se menciona esa posibilidad?». La respuesta , asegura Villarreal, es evidente, «siempre se trató de una embestida en mi contra, a cargo del ex gobernador por no ceder a sus oscuras intenciones» y reitera, una vez más, su inocencia.
A continuación el pronunciamiento:
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
ALEJANDRO VILLARREAL ALDAZ, por mi propio derecho me permito exponer lo siguiente:
En noviembre del año 2016 maestros jubilados se presentaron en SEECH (Servicios Educativos del Estado de Chihuahua) para exponer una queja en el sentido de que no habían recibido su bono de compensación de jubilados o pensionados.
En aquel momento, el que suscribe, ya había terminado mi encargo como Secretario General de la Sección 8 del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y a pesar de que, por solicitud de la Secretaría de Hacienda, desde el mes de Junio del mismo año, dejé firmado el recibo por dicho concepto, para que no se detuviera el trámite del citado apoyo, la prestación se pagó meses después por Hacienda Estatal, aludiendo la insuficiencia de fondos.
Lo mismo ocurrió con el apoyo para becas de los hijos de los trabajadores de educación de media superior, donde también se cubrieron las cantidades en forma extemporánea por insuficiencia de recursos en la Secretaría de Hacienda.
Es preciso puntualizar que el dinero, para para las citadas prestaciones de ese año, en ningún momento, durante mi ejercicio como Secretario General, se transfirió a las cuentas bancarias de la Sección 8, mucho menos a mi persona, puesto que jamás se hace a los dirigentes, ni particulares, enfatizando que Hacienda lo hizo a destiempo, ya que no contaba con liquidez , en aquellos momentos.
A pesar de que todo lo señalado en mi contra, los trámites se hicieron dentro del marco legal, no obstante, el Sr. Manuel AD (quien era alto funcionario de los SEECH) motu proprio, y por órdenes del gobernador, interpuso una denuncia en mi contra ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por la probable comisión del delito de Peculado -que evidentemente no cometí- y esto fue suficiente para “armar” una carpeta de investigación en mi contra y librar una orden de aprehensión que finalmente me llevó a prisión preventiva injustamente.
El día viernes 13 de Junio de este 2025, se publicó una nota donde maestras y maestros jubilados de la Sección 8 del SNTE solicitan la entrega de sus bonos, correspondientes a dicha compensación, y piden al Subsecretario de Gobierno del Estado su intervención, señalando que hubo un faltante de aproximadamente 700 cheques de la prestación mencionada. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el año 2018 en contra de mi persona, en ésta ocasión al sindicato, a través de los SEECH, ya se le había hecho entrega del dinero, por dicho de los maestros y maestras que presentaron la queja, y enfatizan la exclusión a cierto número de trabajadores jubilados.
Desconozco, y no es mi menester auscultar las razones que impulsaron a cometer esta omisión; pero ahora NINGUNA AUTORIDAD está señalando la posible comisión de un delito y ¡no se esta ejerciendo acción penal en contra de la Directiva de SEECH ni del SNTE Sección 8!
¿Por qué? Porque estos recursos se han entregado por décadas, se entregaron durante mi tiempo como Secretario General y se continúan entregando en el marco de la ley derivado de las minutas firmadas con el Gobierno del Estado.
La selección de quiénes reciben o no este beneficio, lo hacen las mismas delegaciones de pensionados y jubilados por listados que entregan al Comité Ejecutivo Seccional, si hay exclusiones o no, no es el interés del presente escrito.
No incrimino a persona o institución alguna por los presentes hechos, pues ni cuando yo era dirigente, ni ahora, estamos en presencia de delito alguno, al menos no por la recepción de recursos, pues la forma en que hoy se distribuyen es asunto de las y los interesados investigar; mi objetivo es DAR A CONOCER Y CONFIRMARLE a mis compañeras y compañeros, a las autoridades, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía lo que he venido señalando en voz alta: fui víctima de persecución política y de justicia sesgada , con un afán perverso de ensuciar mi nombre y trayectoria.
La gran pregunta es: ¿por qué conmigo se ejerció indebidamente la acción penal y en el último de los casos ni siquiera se menciona esa posibilidad?.
La respuesta es muy clara: siempre se trató de una embestida en mi contra, a cargo del ex gobernador por no ceder a sus oscuras intenciones, además de con ello evitar que asumiera la diputación para la cual fui electo. Estamos en presencia de una justicia selectiva, que si bien es facultad del Ministerio Público ejercitar o no la acción penal de conformidad con los artículos 127 y 131 fracción XVI del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 21 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cierto es que también tiene la obligación de actuar con el deber de lealtad y debida diligencia, es decir con absoluto apego a las normas antes indicadas, proporcionando información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación sin ocultar elemento alguno que pudiera ser favorable para el imputado, con una investigación objetiva, garantizando el respeto a los derechos de las personas y al debido proceso (artículos 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
Cuando se trató de mí, se vulneraron todos estos derechos de forma por demás evidente. Por lo tanto, es mi intención que las y los ciudadanos se den cuenta en manos de quien estaba la justicia !!!, y por ahora es de altísimo interés personal conocer el criterio de una Fiscalía distinta, de juzgadores sin consigna ni amenazas, así como la oportuna aclaración para mis compañeras y compañeros trabajadores de la educación a quienes cumplí en mi encargo a cabalidad, sin menoscabo de tiempos ni esfuerzos, con lealtad, sensibilidad, cercanía, y mis humildes capacidades.
Respecto a quienes actuaron de mala Fe, emitieron falsos testimonios, me torturaron o ayudaron a la comisión de diversos delitos en contra mía y de mi familia, es inevitable, y en algunos casos de oficio, el ejercicio de la acción judicial correspondiente, quizá también el peso del escrutinio público y la inevitable justicia Divina; y por todas las vías el tiempo no importa, porque se que llegará.
Cada día la vida, el Universo, las circunstancias, los juzgadores imparciales, las leyes y las instituciones dejan en clara evidencia mi carácter de inocente ¡!! Ya que en ningún momento he cometido delito alguno.Atentamente
Mtro. Alejandro Villarreal Aldaz»
