Opinión por: Sandia Libre y Salvemos Los Cerros de Chihuahua
El día de ayer, los colectivos Sandía Libre, Salvemos los Cerros de Chihuahua, Eskuela Radical y Movimiento Cannábico sostuvimos una reunión con el Ing. Mario Alonso García Durán representante de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) del Estado de Chihuahua, en la que hicimos entrega formal de nuestras demandas y manifestamos nuestro absoluto rechazo al convenio de colaboración con el gobierno de Israel a través del programa MASHAV.
Dicho convenio, presentado como una “valoración técnica”, es una medida superficial que no enfrenta las verdaderas causas de la crisis hídrica en el estado. Lejos de representar una solución, esta alianza refuerza un modelo extractivo e insostenible que mantiene a Chihuahua en estado de emergencia ambiental: con más de 16 mil pozos ilegales, acuíferos
sobreexplotados y cultivos agroexportadores (como el nogal y la alfalfa) que consumen el agua que debería estar destinada al bienestar colectivo.
Pero el problema no es solo técnico: es ético y político.
El Gobierno de Israel ha sido señalado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. México, como Estado miembro de la ONU y firmante del Estatuto de Roma, tiene la obligación jurídica y moral de abstenerse de establecer vínculos con un régimen acusado de genocidio. La colaboración técnica no puede aislarse de sus implicaciones diplomáticas y éticas. México ha demostrado antes que puede actuar con dignidad: rompió relaciones con Sudáfrica durante el apartheid. Hoy, frente al genocidio del pueblo palestino, exigimos esa misma altura de miras.
No queremos que el agua de Chihuahua se manche con complicidad internacional.
Por eso, los colectivos convocantes exigimos:
La cancelación inmediata del convenio con el programa MASHAV y el cese de toda colaboración con el gobierno de Israel.
El abandono de medidas cosméticas que simulan atención a la crisis hídrica sin transformar el modelo que la provoca.
La implementación de un plan hídrico integral, que incluya la reconversión de cultivos, la reducción del uso
agrícola en zonas críticas, el cierre de pozos ilegales y la protección efectiva de zonas de recarga.
La apertura de mecanismos reales de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el agua, con voz y voto desde las comunidades afectadas.
Exploraremos todas las vías legales y diplomáticas para frenar esta colaboración, que no solo es técnicamente ineficiente, sino éticamente inadmisible. Y nos reservamos el derecho de emprender acciones colectivas para defender el agua, la dignidad y la justicia.
No al genocidio, no a la simulación, no al despojo.
El agua no se negocia. El agua se defiende
