Tras las declaraciones de organizaciones ambientalistas que acusaron a la gobernadora Maru Campos de haber ordenado directamente la detención del vocero del movimiento “Salvemos los Cerros”, el secretario general de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña, calificó dichas afirmaciones como una “vacilada” y descartó que merezcan mayor atención.
De la Peña expresó que, en su opinión, el asunto tiene una carga política evidente, y señaló que algunos integrantes del movimiento tienen vínculos con intereses políticos. “Ahora que vengan a decir que hay un trasfondo político por parte del gobierno me parece un absurdo”, afirmó.
El funcionario estatal reconoció el derecho constitucional de toda persona a manifestarse, pero subrayó que no se justifica el daño al patrimonio histórico, en referencia a los hechos ocurridos en Palacio de Gobierno, edificio que dijo “también es de todos, igual que el medio ambiente”.
Aseguró que la intervención de la autoridad se debió a los daños causados al inmueble, cuya cuantificación está a cargo de la Secretaría de Hacienda del Estado, y recordó que existe un seguro para cubrir los daños a inmuebles públicos.
En cuanto a las demandas ambientales del movimiento, De la Peña fue enfático en señalar que no son competencia del gobierno estatal, y recomendó a los activistas acudir a las instancias federales o municipales correspondientes, como la Profepa, si consideran que hay violaciones ambientales en algún fraccionamiento.
Finalmente, reiteró que el gobierno está dispuesto a dialogar y colaborar con quienes deseen proteger el medio ambiente de manera seria, pero pidió que los activistas también se responsabilicen por los daños causados: “Que de manera voluntaria vengan y pregunten cómo hacerlo y con todo gusto les damos la herramienta para que limpien el cochinero que hicieron”.