SOBRE LA SANCIÓN A FUNCIONARIOS DE LA UACH POR ADEUDOS A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Desde el movimiento POR PCE, POR NUESTRA SALUD reconocemos como un avance limitado pero significativo la resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que inhabilita a dos exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) por omitir el pago de cuotas, a pesar de contar con los recursos públicos para ello.
Esta sanción, aunque justa, llega tarde y es insuficiente.
Miles de trabajadores han enfrentado la degradación de su servicio médico y la negación de sus derechos más básicos debido a una cadena de omisiones y complicidades que no pueden ni deben resolverse con castigos simbólicos de seis meses.
Nos parece positivo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) comience a actuar, pero urge saber si se exigirá también la devolución del daño causado al patrimonio de Pensiones. ¿Se recuperarán los más de 209 millones de pesos? ¿Se sancionará a quienes encubrieron, omitieron o se beneficiaron del quebranto? ¿Y el total faltante?
Hacemos un llamado firme pero respetuoso a que esta no sea una acción aislada ni un golpe mediático para apaciguar el creciente malestar social.
Exigimos que:
- Se continúen las auditorías a todos los entes afiliados deudores, sin distinción política o institucional.
- Se transparente el destino de los recursos retenidos y no enterados a PCE.
- Se actualicen y publiquen los montos de adeudo por parte de todos los organismos.
- Se finquen responsabilidades penales, no solo administrativas, cuando exista dolo o daño patrimonial.
Porque la crisis de Pensiones no es casual ni reciente, y quienes hemos padecido la falta de medicamentos, las largas esperas y los servicios negados, sabemos que la raíz está en la impunidad y el desvío sistemático de recursos.
Hoy, más que nunca, ratificamos nuestra exigencia de una auditoría externa integral, con participación ciudadana y mecanismos de vigilancia independientes.
La lucha no es contra las instituciones, sino contra la negligencia, el abuso y el silencio que han puesto en riesgo la salud y la vida de miles de derechohabientes.
Porque la justicia parcial también es injusticia.