Opinión por: Gerardo Cortinas Murra
En la Constitución Local se plasma como derecho humano de los chihuahuenses la participación ciudadana, “entendida como la capacidad de las personas para intervenir en las decisiones de la administración pública, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno, a través de los instrumentos que prevé la legislación aplicable”.
En la Ley reglamentaria, se clasifica la participación de la sociedad civil, en tres tipos:
Participación Ciudadana. Capacidad de las personas para intervenir en las decisiones de la administración pública, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno, a través de los instrumentos que prevé la presente Ley.
Participación Política. La capacidad de la ciudadanía para ejercer los instrumentos de iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum y revocación de mandato.
Participación Social. La capacidad de quienes habitan en el Estado para ejercer los instrumentos establecidos en la presente Ley, sin que sea necesario para ello haber cumplido la mayoría de edad.
De igual manera, se precisa que el ‘Presupuesto Participativo’ forma parte de los “instrumentos de participación social”:
Asimismo, se consigna la definición legal del Presupuesto Participativo:
El Presupuesto Participativo es un mecanismo de gestión y participación social mediante el cual quienes habitan en cada municipio, deciden sobre el destino de un porcentaje del presupuesto de egresos municipal de cada año, a través de consultas directas a la población.
Para tales efectos, cada Ayuntamiento destinará como mínimo un monto equivalente al cinco por ciento de sus ingresos de libre disposición, en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los recursos asignados para el ejercicio del presupuesto participativo deberán satisfacer necesidades colectivas.
De la normatividad antes mencionada, se desprende que el ‘Presupuesto Participativo’ es un mecanismo de participación social dentro del ámbito de cada uno de los 67 municipios que conforman el Estado de Chihuahua; mediante el cual los vecinos de cada Municipio, “deciden sobre el destino del 5% del presupuesto de egresos municipal de cada año, a través de consultas directas a la población”.
En la hemeroteca virtual SciELO México, encontramos la siguiente información relativa a los presupuestos participativos:
El PP es un mecanismo de participación ciudadana usado cada vez más en sociedades democráticas contemporáneas para profundizar los valores de una democracia participativa, en la cual se ubica a México. En este país es creciente el interés de gobiernos locales, comunidades académicas y sociedad por el PP a fin de utilizarlo y analizarlo como práctica que incorpora a la ciudadanía en las decisiones de los recursos públicos locales.
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Por último, acerca de las dinámicas de participación que se ponen en práctica, el hallazgo ha sido constatar que la mayoría de las experiencias cuentan con grandes objetivos democráticos pero con procesos de participación que contribuyen poco para cumplirlos; ya que predominan los PP con dinámicas de alcances e intensidades muy bajas, los cuales dan preferencia a la consulta, no procuran ser representativos, ni inclusivos ni redistributivos, no trascienden la decisión y no muestran intensiones de aprendizaje.
En síntesis, los presupuestos participativos en México presentan avances cuantitativos pausados e inconsistentes con retrasos cualitativos significativos; las condiciones institucionales son un gran factor a superar para su aparición, permanencia y dinámica participativa, pero las experiencias demuestran que pueden ser menos importantes cuando la sociedad se involucra activamente y ese es otro reto difícil de superar en el contexto mexicano.
En el ámbito de nuestro Estado, proliferan voces que critican la implementación del Presupuesto Participativo; entre ellos, los siguientes:
El Presupuesto Participativo sigue generando un amplio debate sobre su aplicación y su manejo político…. (ya que) el Municipio está obligado a atender cualquier requerimiento en ese sentido, pero la evolución de su aplicación está orillando al ciudadano a que tenga que salir a pelear por esas obras o servicios.
De alguna manera, la autoridad elude o evade su responsabilidad y la realización de la obra pública queda sujeta a que se deba salir a votar por ella.
Como resultado de esa distorsión en el enfoque, si un ciudadano, un colectivo o un comité de vecinos acude actualmente a Obras Públicas a pedir que se le pavimente su calle, o a Parques y Jardines para solicitar una intervención en su respectiva área de equipamiento, la respuesta es la misma: meta su proyecto al Presupuesto Participativo.
Con esa visión, resultó el Presupuesto Participativo una respuesta ad hoc para la autoridad, que ahora puede decir que atiende esos requerimientos tan sentidos en la ciudad, pero ni siquiera lo hace plenamente, ya que el rezago en ese tipo de equipamiento urbano es brutal.
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En el espíritu de la ley que impulsaron las organizaciones de la sociedad civil, la idea siempre fue el apoyar proyectos que implicaran la organización vecinal, es decir, se planteaba la gestión comunitaria más allá de poner un simple equipamiento faltante, o colocar pavimento o concreto por parte de la autoridad municipal.
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Por un lado, se favorece o se alienta la participación ciudadana, lo cual puede abonar a que se consoliden estos ejercicios de democracia directa, aunque no deja de percibirse el interés por la mera renta electoral, en la suma de capital político para futuros proyectos.
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La apuesta también está en generar comunidad, mejorar la convivencia vecinal y consolidar una fuerza ciudadana que pueda lograr cambios significados en sus comunidades, incluyendo la disminución de la incidencia delictiva.
Mucho se ha dicho que resolver las grandes problemáticas sociales nunca se logrará si no se avanza en articular la participación comunitaria y abatir el déficit de ciudadanía.
Otro análisis crítico; es el siguiente:
En los últimos años, el tan cacareado Presupuesto Participativo se ha vendido como una joya de la participación ciudadana. Una puerta abierta para que los vecinos opinen, propongan y decidan en qué gastarse una parte del presupuesto municipal. Suena muy bonito. Lástima que, como muchas cosas en la política local, ha terminado siendo una forma muy conveniente del gobierno municipal para lavarse las manos.
Sin embargo, hoy vemos cómo el gobierno municipal traslada esta responsabilidad a la ciudadanía con un cinismo que raya en la burla.
¿Que quieres luz en tu calle? Proponlo en el Presupuesto Participativo. ¿Que el parque está abandonado? Junta firmas, haz cotizaciones, consigue expertos, y si tienes suerte, participa en una elección vecinal. La ironía es que muchas de estas necesidades no son opcionales, son básicas. ¡Son servicios públicos mínimos!
Pero claro, al disfrazarlas de «proyectos sociales participativos», el municipio no solo evita la crítica por su inacción, sino que hasta se cuelga la medalla de ser «democrático e incluyente».
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El Presupuesto Participativo, como lo están manejando, es una simulación. Una especie de outsourcing de las responsabilidades municipales, pero sin garantías de respeto a las decisiones de la comunidad.
(Desconozco la fuente de esta información).
A mi parecer, el ‘mecanismo de gestión y participación social’ llamado ‘Presupuesto Participativo’, por el cual se decide en que se gastará una mísera parte del presupuesto municipal, a través de consultas directas de un catálogo de obra pública, a elección de los vecinos de cada Municipio; se traduce, sin duda alguna, en una cínica y descarada burla a la ciudadanía chihuahuense.
Lo anterior, dada cuenta que su aplicación se limita, precisamente, a indicar las acciones que deberá asumir el gobierno municipal, para atender o resolver a corto plazo, ciertas necesidades materiales de la comunidad.
En otras palabras, este ‘mecanismo de gestión y participación social’ no tiene el alcance para “incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno”, mediante acciones y/o confrontaciones sociales que permitan, de manera efectiva, modificar o cancelar todos aquellos actos de gobierno que no sean consideradas benéficas para la sociedad civil.
Al día, de hoy, puede afirmarse que en el Estado de Chihuahua, los llamados ‘mecanismos de gestión y participación social’ no pueden ser considerados como acciones representativas de la sociedad; ya que no tienen trascendencia política alguna.
Lo anterior es así, toda vez que, en la mayoría de los casos, los presidentes municipales en turno, al implementar estos ‘mecanismos de gestión y participación social’, solo buscan su propio beneficio político, alegando una falsa promoción de la convivencia vecinal; so pretexto de consolidar una inexistente democracia directa de los vecinos del Municipio.
