La diputada Irlanda Márquez, integrante del grupo parlamentario del PT, presentó una propuesta de reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua con el objetivo de garantizar el acceso pleno a los derechos humanos, promoviendo la igualdad y el bienestar colectivo de las personas trabajadoras del Estado.
Esta iniciativa busca asegurar que el derecho humano a la salud sea verdaderamente universal, eliminando cualquier distinción basada en género, orientación sexual o estado civil. La propuesta plantea modificar la Ley de Pensiones para permitir que todas las personas puedan registrar a sus parejas como derechohabientes en el sistema estatal de pensiones civiles.
“Queremos garantizar que cada persona tenga la posibilidad de inscribir a su pareja como derechohabiente, sin importar su género, identidad o situación conyugal. Esta medida no solo corrige una injusticia histórica, sino que también refuerza el compromiso de Chihuahua con la inclusión y la equidad social”, destacó la Diputada Márquez.
Argumentó que “actualmente solo los hombres pueden registrar a sus cónyuges asumiendo que el rol de la mujer es quedarse en su casa. Lo cual es completamente fuera del siglo veintiuno, para empezar las mujeres ya trabajan; pueden y son capaces también de poder registrar a sus cónyuges, pero no solo eso, ya es constitucional la igualdad sustantiva, también tenemos personas del mismo sexo que son parejas con otras personas del mismo sexo que son concubinos, cónyuges y demás y también tienen el derecho de poder registrar a sus parejas para tener un acceso a la salud digna en este estado».
La iniciativa subraya que la salud es un derecho fundamental que debe estar libre de prejuicios y ser garantizado como pilar de una sociedad justa y equitativa.
La legisladora también señaló que “en muchas ocasiones, hombres y mujeres trabajadores enfrentan obstáculos para registrar a sus parejas como derechohabientes, especialmente cuando sus relaciones no se ajustan a los modelos tradicionales reconocidos. Esta situación no solo vulnera los principios de igualdad y no discriminación, sino que también limita el ejercicio pleno de los derechos humanos”.
