Chihuahua, Chih.- En la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación se aprobaron dos iniciativas fundamentales para fortalecer la administración pública local: la reforma estructural de la Tesorería Municipal y el nuevo Código de Ética y Conducta para las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Chihuahua.
Estas medidas buscan consolidar tanto el marco administrativo como el fundamento ético del gobierno municipal, estableciendo bases más sólidas para el servicio público en Chihuahua.
El Regidor presidente de la Comisión de Gobernación José Alfredo Navarrete Paz informó que se aprobaron modificaciones a los artículos 39 y 41 Bis del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, que establecen una clara división y especificación de funciones entre la Subdirección de Ingresos y la Subdirección de Fiscalización y Asuntos Jurídicos, ambas dependientes de la Tesorería Municipal.
Esta reforma busca establecer un marco normativo eficiente que garantice la correcta administración, fiscalización y ejecución de los ingresos municipales. Con esta delimitación precisa de atribuciones, se pretende optimizar la función recaudatoria y fortalecer el desempeño institucional del municipio.
Un aspecto destacado de esta modificación es que ofrece mayor certeza jurídica tanto para los contribuyentes como para la propia administración municipal, al definir claramente las competencias y responsabilidades de cada subdirección.
El segundo punto aprobado fue el nuevo Código de Ética y Conducta para las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Chihuahua, por lo que se abroga el anterior código publicado en diciembre de 2021. Adicionalmente, se reformaron los Lineamientos de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Conducta.
El nuevo código incorpora enfoques actualizados sobre temas como violencia de género, perspectiva de familia, competitividad en la gestión pública y respeto a los derechos humanos, elementos que refuerzan el compromiso institucional con una administración pública responsable.
La razón principal es garantizar un adecuado comportamiento ético y responsable de las personas servidoras públicas, fortaleciendo la lucha contra la corrupción y promoviendo la transparencia dentro de la administración pública municipal. También se busca incluir enfoques sobre temas actuales como la violencia de género, la perspectiva de familia, la competitividad en la gestión pública, y el respeto de los derechos humanos.
Su propósito es asegurar que las y los servidores públicos actúen de manera ética y responsable, lo que contribuirá a recuperar y mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Además, busca establecer una estructura normativa que oriente el comportamiento de los servidores públicos y garantice el buen uso de los recursos públicos en beneficio de la sociedad.
Estos cambios fueron impulsados mediante el análisis de la situación actual y la necesidad de fortalecer la ética pública y la transparencia dentro de la administración municipal, concluyó Navarrete Paz.
